El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) denuncia las consecuencias para los trabajadores y el servicio a los ciudadanos que va a tener la instrucción enviada por la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Aragón a todos sus departamentos. Esta norma interna supone identificar a los funcionarios interinos, que cubren plazas vacantes con carácter temporal, y echarlos a la calle la víspera de que cumplan los tres años en sus puestos, pese a que ello supondrá que el servicio que atienden quedará simplemente desatendido durante un largo tiempo.
STEPA ha calificado de “nuevo interinicidio“, “vergüenza” y “sangrante” que el Ejecutivo PP-Vox de Jorge Azcón se muestre completamente riguroso con este punto derivado de la Ley 20/21, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, mientras que incumple totalmente otro de los preceptos de la misma norma: la obligación de compensar a las víctimas del abuso de temporalidad (por haber sobrepasado ya este mismo límite de tres años) mediante la fijeza, como se aplica en el sector privado, o, en su defecto, con indemnizaciones.
El sindicato, tercera fuerza sindical en la Administración General de Aragón en coalición con CATA, ha subrayado que la situación muestra “la total incompetencia de los responsables del Departamento de Hacienda y Función Pública“, el consejero Roberto Bermúdez de Castro (PP) y el director general de la Función Pública, Antonio Villacampa, “que persiguen a la desesperada reducir la temporalidad“. La nueva medida se suma a los cientos de despidos de personal interino en abuso de temporalidad que el Ejecutivo ha llevado a cabo en los últimos meses.
“Actualmente, el porcentaje de trabajadores temporales en la DGA supera el 56%, a la cabeza en el ranking de administraciones españolas, y como la Unión Europea exige que no llegue al 8%; la única respuesta de Aragón es despedir masivamente a los temporales, independientemente de que el puesto vaya a ser cubierto“, señala el sindicato.
“Servicios públicos cada vez más deteriorados”
De junio a diciembre serán 97 los interinos despedidos de esta manera y en los tres próximos años, 2.035 en total (solo en Administración General, sin contar entidades públicas como IASS ni Educación o Sanidad). Según fija el Estatuto Básico del Empleado Público las plazas deben ser ocupadas por un funcionario fijo, según los distintos sistemas previstos: oferta de empleo (único medio que no transfiere el problema), concurso de traslados o comisión de servicios. Así, STEPA denuncia que en la práctica supone que durante todo este proceso, que puede alargarse incluso años, “esa silla quedará vacía sin preocuparse porque se ha perdido el servicio a los ciudadanos“.
“Después de incumplir totalmente la Ley 20/21 y no estabilizar a 17.000 interinos en fraude, se agarran a un punto de la norma que pretendía evitar el abuso de temporalidad en el futuro para realizar otro despido masivo”, ha resumido.
STEPA ha recordado las noticias que se han ido sucediendo en los últimos meses sobre la falta de personal en numerosos casos: ayudas a la dependencia, INAGA secretarías de institutos… y avisa de que “los servicios públicos van a estar cada vez más deteriorados“.
A la vez, continúan “los despidos libres y gratuitos de muchas trabajadoras y trabajadores, con años de experiencia, la mayoría mujeres de más de 50 años, que llevan incluso décadas de servicio, saltándose a la torera la legislación nacional y europea que obliga a estabilizar a los trabajadores en abuso“.
“Diferenciar la incorporación y la sanción al incumplimiento de la ley”
El sindicato ha resaltado su total apoyo a la convocatoria de ofertas de empleo, en plazo y con el número de plazas necesario, para cubrir las necesidades de personal en la Administración autonómica, pero ha incidido en que es preciso diferenciar “la incorporación de nueva savia de la sanción a administraciones que incumplen la ley manteniendo trabajadores temporales durante muchísimos años“.
Según los cálculos de STEPA, el Gobierno de Aragón está echando a la calle a más de dos mil interinos que tienen el derecho a consolidar su plaza tras haber sobrepasado ya el límite de tres años, pero el Gobierno de Aragón “tiene la hipocresía de no cumplir la ley cuando obliga a identificarlos, mientras que ahora sí lo hace con quienes van a cumplir ese límite“.
A esta situación se suman otros graves problemas de plantillas insuficientes, falta de transparencia, caos jurídico, recursos jurídicos y sobrecarga de trabajo, por lo que STEPA concluye que “la política de personal del Ejecutivo de Jorge Azcón es nefasta; basada en, simplemente, dejar plazas vacantes; y las consecuencias las sufren no solo los trabajadores, sino el conjunto de la ciudadanía“.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón resalta como una muestra de este fracaso en la gestión el retraso en publicar el Boletín Estadístico de Personal, ya que todavía siguen sin hacerse públicos los datos de diciembre de 2023.
Según los últimos datos oficiales (de junio de 2023), tienen contrato temporal el 56% de los empleados en la Administración General de la DGA; el 28% de los funcionarios y laborales fijos, no ocupaba su destino definitivo, sino una plaza provisional en comisión de servicios; y el 12% de las plazas estaban vacantes; unos datos “que todo indica que han empeorado y se quieren ocultar“.
FUENTE: Nota de Prensa Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA)
