El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra dos instrucciones del director general de Función Pública, Antonio Villacampa, por ser “ilegales, arbitrarias, que pervierten la ley estatal, discriminan a los trabajadores temporales y dañan al servicio público”. El sindicato ha dado este paso tras haber solicitado repetidas veces sin éxito su supresión en la Mesa Sectorial de Administración General, donde es la tercera fuerza junto a CATA.
Una instrucción es en el Derecho Administrativo una disposición en la que un órgano establece pautas de actuación vinculantes para sus subordinados, fijando cómo deben interpretar el ordenamiento jurídico a la hora de tomar decisiones. Por su naturaleza aclaratoria no requieren publicación ni pueden recurrirse e igualmente no pueden ampliar la Ley, “como sí ocurre en este caso, en una extralimitación de funciones en la que vemos como un director general se convierte en legislador, dentro de la nefasta política de personal del Ejecutivo de Jorge Azcón y el PP, basada solo en una desesperada búsqueda del descenso de temporalidad en 2024 al 8% legal, aunque el propio consejero Roberto Bermúdez de Castro ha reconocido ya en las Cortes que no será posible bajar del 30%”, ha señalado STEPA.
UNA INSTRUCCIÓN QUE HA VACIADO LOS SERVICIOS
Así, en mayo, Antonio Villacampa dictó una primera instrucción, imponiendo el despido de los interinos al cumplir tres años consecutivos en su puesto y otros supuestos, aún a costa de dejar esos puestos sin cubrir, ya que la sustitución puede dilatarse bastante tiempo. Como alertó STEPA, esta decisión está provocando graves problemas de falta de plantilla –“miles de sillas vacías”- en muchos servicios y, en octubre, el mismo director general aprobó una modificación estableciendo que cada Departamento puede decidir de “forma excepcional” que algunos de estos interinos permanezcan en sus puestos “algo que no soluciona el problema y además aumenta la arbitrariedad de la norma”.
Desde que se publicó la instrucción, STEPA pidió su retirada inmediata, una demanda a la que destaca “se han sumado también otros sindicatos, hasta ahora cómplices de todos los acuerdos del Gobierno de Aragón en contra de los trabajadores, al ver la gravedad de las consecuencias”. Sin embargo, la total falta de respuesta “nos ha obligado a acudir a la Justicia”.
La primera instrucción referida obligaba a los responsables de todos los Departamentos de la DGA a echar a la calle a todos los funcionarios interinos la víspera de cumplir los tres años en sus puestos. STEPA ha calificado de “sangrante” que el Ejecutivo de Jorge Azcón tras incumplir totalmente la Ley 20/21, que obliga a estabilizar a los 17.000 interinos aragoneses en fraude de ley por llevar más de tres años ocupando su plaza, ahora “pervierte la finalidad de la misma norma que es la estabilización del personal interino de larga duración, en fraude de ley”. Igualmente imponía el cese automático “en caso de producirse una variación en la situación de ocupación”; es decir, en supuestos como cubrir una vacante provisional y que el titular del puesto en vez de volver a su plaza obtenga un traslado a otra.
STEPA recalca en su recurso, admitido ya a trámite por el TSJA,que estos dos supuestos vulneran la Ley estatal y que suponen un grave quebranto para toda la gestión pública, ya que no hay ningún sistema para cubrir de forma ágil las plazas vaciadas. “Desde el primer momento, recibimos numerosas quejas de trabajadores por la falta de personal en sus departamentos, y por la presión de trabajo, afectando a su salud laboral”, resume el sindicato.
Esta norma desoía la excepción que contempla la propia Ley 20/21 y que permite permanecer en la plaza hasta que se resuelva la convocatoria convocada para cubrirla. Ante las reclamaciones de los responsables de los distintos departamentos de que no podían garantizar la prestación correcta de numerosos servicios, Función Pública aprobó una modificación en octubre que permite la continuidad como excepción en algunos casos; pero esto supone consentir diferencias de trato injustificadas.
“OTRA MUESTRA DEL COLAPSO DE LA ADMINISTRACIÓN”
STEPA remarca que la instrucción señala que los puestos en los que cesa un interino se podrán cubrir con otro si no hay convocada oposición para cubrirlo, esta ha quedado desierta o el adjudicatario no ocupa su plaza. Dado el índice de temporalidad y el atasco en los concursos selectivos, estas excepciones suponen por tanto “mantener el abuso en la contratación de personal temporal, ahora con la salvedad de que el mismo cambiará cada tres años a costa además de la calidad del servicio”.
El sindicato denuncia que la instrucción recurrida es “una muestra de la política de miles de sillas vacías del Gobierno del PP –solo en Administración General, la quinta parte de los 12.130 trabajadores- que está llevando al colapso de la Administración”. “Cada vez faltan más trabajadores públicos en todas las áreas y sin embargo siguen los ceses masivos de personal interino en abuso de temporalidad, en lugar de estabilizarlos como dictan las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la propia legislación nacional”, resume.
Según los cálculos de STEPA, más de 17.000 trabajadores públicos, sobre una plantilla total de 60.400 personas, llevan desempeñando funciones estructurales más de tres años, por lo que deberían ser estabilizados para cumplir la normativa europea y nacional; pero además se trata de una medida imprescindible para no perder su experiencia y para cumplir con la obligación legal de reducir un índice de temporalidad que ahora supera el 50% (datos del último boletín de personal publicado) por debajo del 8% antes de 2025.
DESIGUALDAD CON OTRAS COMUNIDADES
Así, lo han hecho otras comunidades, pero el Gobierno de Aragón pretende alcanzar este objetivo mediante el cese de temporales para “maquillar los datos” mientras convoca ofertas de empleo ordinarias; un sistema que para el sindicato “se ha mostrado totalmente inviable y está provocando un deterioro de los servicios públicos que empieza a ser irreversible”.
Ante esta situación, STEPA demanda como solución que Gobierno de Aragón cumpla su compromiso preelectoral de identificar todos los puestos de personal en abuso y aumente la “ridícula cifra” de plazas de estabilización que aprobó el anterior cuatripartito de Lambán y Azcón ha mantenido. Las consecuencias positivas inmediatas serían numerosas: “disminuir la temporalidad, no perder más experiencia, volver a trabajar al ritmo normal, parar el grave deterioro del servicio público, aligerar el resto de procesos selectivos, que se realizarán con más facilidad y menos irregularidades propiciadas por la velocidad en su intento de resolución. Además, a medio plazo, “no se duplicarán plazas cuando el Tribunal Supremo dicte fijeza de acuerdo con el TJUE, se evitarán procesos judiciales y pago de indemnizaciones y más tiempo para valoración de RPTs y amortizaciones si realmente son necesarias conforme se vaya jubilando el personal (30% en los próximos 5 años)”.
