STEA (Sindicato de los Trabajadores/as de la Enseñanza de Aragón) ya había advertido, antes incluso de la celebración de las recientes oposiciones de Educación -Secundaria, FP, Escuelas de idiomas y artes-, que se necesita una reforma en profundidad y urgente del actual sistema de acceso, “obsoleto y agotado”. Tras la polémica por el alto número de plazas que inicialmente no se van a poder cubrir en Aragón –299 de un total de 1.018 convocadas, el 29,3%-, el sindicato reitera que la pelota está principalmente en el tejado del Ministerio de Educación.
A su juicio, debería convocar un nuevo proceso extraordinario de estabilización, cambiar las fechas de las convocatorias ordinarias y actualizar los temarios y hacer públicos los criterios de evaluación. Aunque la DGA también es responsable, según STEA, de establecer unos calendarios de corrección muy difíciles de cumplir.
“Lo que ha ocurrido se veía venir. STEA se ha quedado siempre solo en las mesas sectoriales rechazando este modelo de oposiciones, aunque ahora algunos se sumen a nuestras críticas”. Y subraya que “no es algo privativo de Aragón, se ha generalizado en el grueso de comunidades”. En algunas como Castilla y León, el porcentaje de plazas sin cubrir puede llegar al 45% y en otras como Murcia, al 19%.
Por ello exige a la ministra aragonesa Pilar Alegría “que no haga dejación de sus responsabilidades y de una vez por todas lidere desde el Ministerio de Educación un proceso de actualización del acceso a la función docente acorde a la realidad actual, superando el modelo vigente completamente obsoleto”.
Un aspecto clave, para este sindicato, es que algunas comunidades autónomas, con Aragón a la cabeza, no aprovecharon los procesos de estabilización al amparo de la Ley estatal 20/2021, que pretendía rebajar la temporalidad al límite legal del 8% en 2024. “Aragón cerró el pasado año con un 46,8% de personal interino en Educación, casi uno de cada dos profesores, es una barbaridad”. Incide en que “las vacantes de las macro-oposiciones de 2025 deberían haberse ofertado ya en 2022, 2023 y 2024, sin embargo esos años se sacó un número muy reducido y ahora llegan tarde”.
MENOS PROBLEMAS EN OTRAS COMUNIDADES
En este sentido, “en otras comunidades como Cataluña o Valencia que sí aprovecharon los procesos de estabilización la situación este año ha sido distinta a la de Aragón, con un nivel mayor de aprobados”. Por este motivo, STEA aboga por impulsar a nivel nacional un nuevo proceso extraordinario, algo que podría incluirse en la tramitación parlamentaria en el Congreso de la nueva Ley de Función Pública y también en la aragonesa que ha impulsado el Ejecutivo autónomo.
Además, el incumplimiento del porcentaje legal de temporalidad ya se está traduciendo en sanciones para España por parte de la Unión Europea, en concreto en un recorte de 626 millones en los fondos europeos NextGen. “Si no se toman medidas urgentes, el tirón de orejas de la UE irá a mucho más”, advierte.
Hay más cuestiones sobre las que el Ministerio de Educación debería actuar, según STEA. Entre ellas, las polémicas rúbricas o criterios de evaluación. “Para facilitar la preparación de la oposición y evitar tanta responsabilidad sobre los miembros de los tribunales deberían existir unas rúbricas publicadas por el Ministerio, muy detalladas y que se conocieran de antemano antes de la preparación de las oposiciones, y de todos los temas”. Según este sindicato, “igual que nosotros los profesores cuando corregimos a los alumnos lo hacemos con unos criterios claros y uniformes, debería haberlos también cuando somos los examinados”.
TEMARIOS DE 1994 SIN ACTUALIZAR
Además, STEA ya denunció que los temarios que utilizan los aspirantes datan de 1994 y llevan más de tres décadas sin actualizarse. “Esta situación es especialmente sangrante en algunas especialidades como Informática, en las que se obliga a estudiar sistemas de programación ya desfasados y no aparece internet ni la inteligencia artificial; o aparatos y técnicas que ya no existen en algunas de FP, incluso leyes que han sido derogadas”.
Esos viejos temarios además de obsoletos no tienen un desarrollo oficial de sus contenidos, se limitan a ser unos títulos con un número variable de epígrafes publicados en el Boletín Oficial del Estado. En consecuencia las personas opositoras “se enfrentan a unas pruebas sin unas mínimas garantías sobre su preparación”.
Para STEA, tampoco se sostiene seguir realizando las pruebas en verano, tras la finalización del curso oficial. “Lo idóneo por muchos motivos sería hacerlas en el segundo trimestre, por ejemplo en enero o febrero. Aunque esta medida suponga un gasto extraordinario, ya que deberían ser sustituidos en la docencia los miembros de los tribunales. Y debería hacerse también a la vez en todos los territorios, para evitar el “efecto llamada”.
Aunque la mayoría de estas reivindicaciones competen al Ministerio, STEA recuerda que hay otras que son responsabilidad del Gobierno de Aragón. Por ejemplo el calendario de corrección, que establecía como fecha límite el 18 de julio, lo que supone una presión adicional a los tribunales.
OTRAS REIVINDICACIONES
Otra mejora que reivindica el sindicato es la descentralización de las pruebas en las tres capitales de provincia en las especialidades con más aspirantes, por ejemplo Inglés o Historia, donde podría haber tribunales en las tres ciudades, evitando el desplazamiento de opositores y miembros de los tribunales. En otras comunidades autónomas ya existen precedentes al respecto. Cuestión distinta son las especialidades con un único tribunal, pero en el grueso existiría la posibilidad de evitar el desplazamiento masivo de personas desde su lugar de residencia habitual.
Además, el Gobierno de Aragón solamente abona a los miembros de los tribunales de oposición docentes el mínimo establecido por el Ministerio de Educación, y se da un importante agravio comparativo con los tribunales de la Administración General de Aragón, con retribuciones más elevadas. Hay que recordar que el profesorado es un cuerpo estatal pero gestionado por las comunidades autónomas, por ello ese mínimo establecido por el Ministerio de Educación podría complementarse con una retribución autonómica hasta nivelarse con lo pagado a otros tribunales dependientes de la Diputación General de Aragón.
Aparte de cobrar poco, el profesorado miembro de los tribunales tiene que adelantar de su bolsillo los gastos correspondientes a su alojamiento, desplazamiento a la sede del tribunal o comidas, una media de unos 600 euros. Algo que no cobrará hasta el año natural siguiente, a pesar de terminar las oposiciones en el mes de julio. Con ello, además se ve obligado a realizar una declaración complementaria de la renta, al haber percibido esas retribuciones en un ejercicio fiscal posterior al que correspondía.