“La precarización de la enseñanza pública en Aragón está alcanzando máximos históricos”, denuncia STEA (Sindicato de los Trabajadores/as de la Enseñanza de Aragón). Y es que a 31 de diciembre casi uno de cada dos docentes –46,8% frente al 8% que marca como máximo la Ley 20/2021- tenía contrato temporal. Y de ellos, solo dos tercios lo hacen a jornada completa, según el análisis realizado por el sindicato sobre los datos oficiales del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón del curso 2025-26. Los contratos a jornada parcial son mayores en la Educación Secundaria (33,1%) aunque en Primaria e Infantil ascienden también al 30%.
En el proceso de adjudicación de vacantes finalizado este miércoles en Secundaria, FP, Conservatorios y Escuelas de Idiomas y Artes se dan además otros hechos que refuerzan esta precarización y merman la calidad educativa. En algunas vacantes, el Departamento exige que docentes de Educación Física, Dibujo o Geografía e Historia impartan horas de Música, o viceversa; de Matemáticas que den horas Biología o Física y Química, o al revés, de Estética que además deben dar clases de Ofimática…
Hay otras “incongruencias” detectadas, como que para cubrir una vacante de Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble se exija al profesor interino superar una prueba. “¿No se supone que tiene la titulación requerida para impartir el ciclo formativo de FP?”, advierte STEA. En algunos puestos se añaden además requisitos complementarios como un nivel C1 de inglés. A modo de ejemplo, el sindicato recuerda una vacante a tiempo parcial de la especialidad de Formación y Orientación Laboral donde se exige, además de inglés, un máster en Prevención de Riesgos Laborales, y con todos esos condicionantes ni siquiera se cobra una jornada completa.
INICIO DE CURSO CON PLANTILLAS INCOMPLETAS
“Es una precarización absoluta de personas con un alto nivel de formación”, denuncia el sindicato. Por este motivo no le sorprende que 212 de las 4.382 vacantes no hayan sido solicitadas en el primer llamamiento que culminó ayer miércoles y que las clases comiencen en septiembre en algunos institutos sin las plantillas al completo.
El análisis realizado por STEA pone de manifiesto que el recurso a los contratos de jornada parcial en Educación es tres veces superior a la media de la propia Administración aragonesa (el 10,9%) y duplica el del sector privado (15%, según el INE). En la Educación Secundaria, 1.303 de las 3.931 (33,1%) vacantes cubiertas con personal interino son a tiempo parcial. En Primaria e Infantil, 444 de las 1.482 (30%). “Son cifras altísimas, que se traducen en bajos salarios y precarias condiciones laborales para cientos de profesores y maestros”, denuncia STEA.
Por número de horas trabajadas, los datos también son “sangrantes”. En este caso especialmente entre los maestros, ya que más de la mitad (55%) no superan siquiera el 50% de jornada ordinaria. Entre los profesores el porcentaje se reduce a casi una cuarte parte (22,7%). “Las jornadas parciales se traducen en salarios disminuidos en el mismo porcentaje lo que está empujando a posibles candidatos a ser docentes a buscar salidas laborales fuera de la enseñanza, generando problemas estructurales en un gran número de especialidades, sobre todo en algunas ligadas a la Formación Profesional”, subraya.
Por especialidades, la utilización de contratos parciales la encabezan Griego (100%), Alemán (66,6%), Música (66,1%), Economía (52,4%) y Filosofía (50%). Entre las que menos, Informática (6%).
Desde STEA advierten de que estas cifras afectan directamente a la calidad educativa y exigen al Gobierno de Aragón medidas urgentes para revertir esta situación, que pasan por “introducir mejoras en las condiciones de trabajo, un aumento salarial que haga recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2009 (un 22 %) y favorecer un mayor reconocimiento social de la profesión docente; de lo contrario estamos abocados a una creciente dificultad para captar profesorado, lo que atenta contra la educación, uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar con la sanidad, las pensiones y servicios sociales”.
FUENTE: Nota de prensa STEA