La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y las principales asociaciones de profesionales de la comunicación han expresado su más enérgica condena ante la revelación, confirmada por parte del Ministerio del Interior, de la elaboración de un documento que clasifica ideológicamente a decenas de profesionales de la información por parte de su Oficina de Comunicación, entre finales de 2023 y 2024. La lista incluye a directores de medios, columnistas, tertulianos y redactores, así como a responsables o antiguos responsables de organizaciones profesionales, como la propia FAPE, la Asociación de la Prensa de Madrid o la Asociación de Periodistas Parlamentarios. En ella también figuran profesionales que cubren habitualmente información relacionada con Interior, la Policía Nacional o la Guardia Civil.
FAPE ha señalado: «En una sociedad democrática, ningún organismo del Estado tiene legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamente a quienes ejercen el periodismo, por cuanto constituye un ataque directo a la libertad de prensa, reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española, al introducir un elemento de vigilancia y potencial represalia sobre el ejercicio profesional de la información. Esta práctica, incompatible con el Estado de derecho, puede tener consecuencias sobre el ejercicio del periodismo crítico, dado que los periodistas pueden verse condicionados en su labor profesional al saber que sus informaciones u opiniones son objeto de seguimiento y catalogación por parte del Gobierno. Resulta especialmente grave que se establezca una distinción entre periodistas afines y problemáticos desde una institución con capacidad de influir en el acceso a fuentes, acreditaciones y trato institucional.
Ante estos hechos, la FAPE ha exigido al Ministerio del Interior el cese inmediato de cualquier práctica de clasificación, seguimiento o perfilado de periodistas por parte de organismos públicos; garantías efectivas de que los profesionales incluidos en el listado no han sufrido ningún tipo de perjuicio, represalia o trato diferenciado como consecuencia de esta catalogación y depuración de responsabilidades en el seno de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior.
Dircom, ADC y APRI defienden la libertad de prensa y la igualdad de acceso a las fuentes
En su comunicado, la FAPE inclúía un «llamamiento a las demás asociaciones profesionales del sector, a los colegios de periodistas, a los sindicatos y a la ciudadanía en general para que se sumen a la exigencia de transparencia y rendición de cuentas», que ha tenido una amplia respuesta. Así, se han sumado también las organizaciones de profesionales de la comunicación corporativa: Dircom, ADC y APRI
En un comunicado conjunto, las tres asociaciones han compartido la condena «ante cualquier práctica de clasificación o perfilado ideológico de periodistas que pueda condicionar el libre ejercicio de su profesión o generar diferencias en su acceso a las fuentes y en su relación con las instituciones».
Según han señalado, «la libertad de prensa, la independencia de los profesionales de la información y el acceso transparente y equitativo a las fuentes son pilares fundamentales de una sociedad democrática. También lo son para construir una comunicación responsable y unas relaciones de confianza entre instituciones, organizaciones, medios de comunicación y ciudadanía».
«Quienes trabajamos en el ámbito de las direcciones de Comunicación y los Asuntos Corporativos, los Asuntos Públicos, así como la Consultoría, defendemos que la relación con los medios debe sustentarse siempre en criterios de profesionalidad, transparencia, respeto a su independencia e igualdad de trato, al margen de líneas editoriales, opiniones o posicionamientos. Desde Dircom, ADC y APRI reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación ética, transparente y responsable, capaz de contribuir a fortalecer la confianza y la calidad de nuestra democracia, respetando firmemente la independencia y la línea editorial de todos los medios y sus profesionales. La salud del debate público depende de la transparencia, el pluralismo y las reglas claras de acceso a fuentes», concluyen.
ILUSTRACIÓN: Reporteros Sin Fronteras
