Cientos de trabajadores públicos aragoneses en abuso de temporalidad participarán en la gran manifestación convocada mañana sábado, 19 de octubre, en Madrid para denunciar la “falta de medidas efectivas para garantizar su estabilidad laboral”, y el “incumplimiento de la legislación y sentencias de la UE, y la propia normativa nacional.” Los sindicatos aragoneses STEPA, CATA, ISTA, SOMOS y STEA, integrados en la plataforma nacional Unión Sindical contra la Temporalidad en el Empleo Público, son parte de las 22 organizaciones convocantes; otras 50 más apoyan la protesta. STEPA-CATA, tercera fuerza sindical en la Administración General de Aragón, ha destacado la presencia de los afectados aragoneses en esta protesta, con salida de autobuses desde las tres capitales, “porque el Ejecutivo del PP con Jorge Azcón destaca como uno de los grandes infractores de la ley”.
Con el lema “No somos plazas, somos personas”, la manifestación saldrá a las 12 horas de la fuente de Neptuno para reclamar al actual responsable del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, que se cumpla de manera efectiva la Directiva europea 1999/70/CE, que exige que las plazas para atender necesidades permanentes deben ser cubiertas con contratos fijos, y reconoce el derecho de los interinos que llevan más de tres años en su puesto a consolidar su plaza, la misma sanción para la empresa incumplidora que se aplica en el sector privado.
Según los cálculos de la plataforma convocante, 755.000 personas trabajan en estatus de funcionario interino, un grupo que incluye docentes, personal administrativo, sanitarios, bomberos… “muchos de ellos que han desempeñado sus funciones durante 20 o 30 años y ahora ven cómo su estabilidad laboral, su hogar y su futuro están en peligro“. La Ley 20/2021 de medidas para reducción de la temporalidad en el sector público y el Real Decreto Ley 5/2023 regularon una solución, aunque incompleta, regulando la convocatoria de procesos de estabilización extraordinarios para los afectados. Sin embargo, muchas administraciones autonómicas y locales se han saltado completamente esta disposición, como es el caso de Aragón, y no dejan de echarlos a la calle, sin darles posibilidad de estabilizar ni indemnizar el abuso.
Ante esta situación, la recién creada Unión Sindical contra la Temporalidad en el Empleo Público pide el fin de los despidos, una estabilización laboral para todos los trabajadores afectados por el abuso de temporalidad, la reincorporación inmediata del personal cesado y establecer mecanismos de sanción para que no se repita la situación, “todo ello, en cumplimiento de las directrices de la Unión Europea, que ha instado a España a regularizar esta problemática y a reducir la tasa de interinidad del actual 30% al 8% antes de finalizar el año”.
La Unión Sindical está compuesta por: Sindicato de Comisiones de Base, Confederación Intersindical, Confederación Solidaridad Obrera, Federación de Enseñanza de CGT, Federación Estatal de Sindicatos de Sanidad e Higiene de CGT, Federación de Trabajadores de las Administraciones Públicas de CGT, IAC-Intersindical Alternativa de Catalunya, IAC-CATAC, Interinok Taldea, Intersindical Valenciana, ISTA Intersindical, Solidaridad Obrera SESCAM, Solidaridad Obrera STAP, SOMOS Alternativa Sindical Solidaria de Aragón, STEA Intersindical, STEG, STE-CLM, STEM, Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid, STEPA-CATA, STEs-i Intersindical, USTEC-STEs (IAC) y SUT Solidaridad y Unidad de los Trabajadores. La manifestación continúa las protestas del pasado mes de julio y los interinos en abuso anuncian un “otoño de movilizaciones” si Gobierno central y comunidades autónomas no reconocen sus derechos.
“ARAGÓN A LA CABEZA DE LOS INCUMPLIDORES”
STEPA ha recalcado que dentro del panorama nacional, “Aragón está a la cabeza de los incumplidores”. Así, frente al 30% de interinidad señalado por la plataforma para el conjunto nacional, el último dato oficial del boletín de personal al servicio de la Comunidad Autónoma es de una temporalidad de 50,1%, que llega al 56,2% en la Administración General.
Según los cálculos de STEPA, unos 17.000 trabajadores de la DGA tienen derecho legal a la fijeza, pero el Gobierno de Aragón ha convocado por este sistema menos de un 25% en Administración General, no ha ejecutado ninguna de las convocatorias extraordinarias y ni siquiera ha identificado las plazas que cumplen con los requisitos. Así, está incumpliendo incluso su propia Ley de Presupuestos de 2023, que incluía como disposición transitoria la obligación de publicar “un listado de todas las plazas, de todos los cuerpos, escalas y especialidades, que cumplían con los requisitos de la Ley 20/2021”, pese a que este proceso debe concluir antes del 31 de diciembre.
El sindicato denuncia que “la actuación de Azcón y los responsables de Función Pública se ha basado en despedir masivamente a los afectados, incluso a los que cuentan con sentencias judiciales favorables, en la mayoría de casos sin cubrir las plazas vacantes resultas de los ceses”, por lo que se está provocando “un grave deterioro de los servicios públicos, con una plantilla cada vez más sobrecargada, en la que más del 16% de puestos de la Administración General se encuentran vacantes”.
STEPA ha recordado también que este mes la Comisión Europea ha vuelto a abrir un procedimiento de infracción contra España por no brindar una protección suficiente contra el uso abusivo de contratos sucesivos de duración determinada a los trabajadores del sector público, “en un nuevo aviso de las sanciones y compensaciones a los afectados que van a terminar pagando todos los ciudadanos si los responsables políticos siguen desobedeciendo”, y ha resaltado que no dejará “de reivindicar a nivel autonómico, nacional y europeo un servicio público de calidad, eficiente y que cuide a su personal”.
FUENTE: Nota de prensa de STEPA
