El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha vuelto a salir este miércoles a la calle para denunciar el colapso de la administración autonómica debido a la política de “sillas vacías” del Gobierno del PP. “Faltan médicos, faltan profesores, faltan administrativos… y sin embargo siguen los ceses masivos de personal interino en abuso de temporalidad, generando cada vez más y más miles de puestos vacíos, en lugar de estabilizarlos como dictan las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la propia legislación nacional”, denuncia el sindicato aragonés, tercera fuerza en la mesa sectorial junto a CATA.
Los representantes sindicales que han protagonizado la movilización se han concentrado ante la sede del Departamento de Hacienda, Interior y Función Pública que dirige el consejero Roberto Bermúdez de Castro, mostrando de manera simbólica un gran número de sillas vacías para expresar así de forma gráfica la situación actual de la administración. También han portado mensajes que denuncian la situación actual de deterioro y precariedad de los diferentes Departamentos, y que están saltando a los medios de forma continuada en las últimas semanas. Por ejemplo, las más de 40 sillas sin ocupar en el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza o las demoras de más de un año en la valoración de la dependencia y grado de discapacidad, por la falta de trabajadores.
En la DGA trabajan en la actualidad 60.399 personas (incluyendo todas las áreas como Sanidad, Educación, etc.), de las que más de la mitad (50,3%) son temporales, según los últimos datos oficiales. De esos 30.406 interinos algunos llevan poco tiempo y cubren necesidades puntuales pero otros –según STEPA, más de 17.000- acumulan más de más de tres años, el máximo legal, y llevan desempeñando en abuso continuado de temporalidad funciones estructurales, por lo que deberían ser estabilizados para ajustarse de una vez a la normativa europea y nacional.
Así lo han hecho otras comunidades, mientras que Aragón lo rechaza e insiste en que la tasa de temporalidad se irá reduciendo al límite legal del 8% mediante las ofertas de empleo público ordinarias. “Se ha demostrado que es inviable, una quimera total, la temporalidad global apenas está disminuyendo pero por contra se incumplen las Directivas Europeas y, lo que es más grave, se provoca un deterioro de los servicios públicos que empieza a ser irreversible y que están padeciendo todos los ciudadanos y los propios trabajadores, que tienen una enorme sobrecarga y la impotencia de no poder desarrollar sus funciones de la forma adecuada”, asegura STEPA.
Como ejemplo de la situación, destaca que en la Administración General trabajan 12.189 empleados y hay 1.453 plazas vacantes, lo que supone que el 12% de los puestos están sin atender. Y otros tantos funcionarios fijos están en comisión de servicio (trabajando en una plaza distinta a la de su oposición). Estas dos anomalías representan nada menos que la cuarta parte de la plantilla. El último boletín estadístico de personal del Gobierno de Aragón reconoce también que solo 3.893 empleados públicos, el 31,5%, tienen destino definitivo.
El próximo despido masivo de interinos tendrá lugar este viernes 1 de noviembre, cuando tome posesión definitiva el personal que se encontraba en destino provisional y se incorporen a sus nuevos destinos los más de 600 funcionarios de carrera del segundo macroconcurso de traslados que lleva a cabo Función Pública en la Administración General. En el que solo se han cubierto además un 17% de los 3.207 puestos ofertados. Aún así, cientos de temporales con gran experiencia, algunos incluso de varias décadas, serán arrojados gratis al paro. Lo cual no garantiza tampoco que sus funciones se vayan a seguir desempeñando ya que los sustitutos pueden acogerse a comisiones de servicio. Y tampoco está garantizado que se cubran inmediatamente los anteriores puestos que dejan vacantes los funcionarios fijos.
A esto se añade la polémica instrucción aprobada el pasado mes de mayo por el director general de Función Pública, Antonio Villacampa, que impone el despido automático de los interinos que llevan tres años consecutivos en un puesto, aún a costa de dejarlos sin cubrir ya que la cobertura de esa plaza puede prolongarse bastante tiempo. STEPA califica de “sangrante” que el Ejecutivo de Jorge Azcón haya incumplido totalmente la Ley 20/21, que obliga a estabilizar las 17.000 plazas ocupadas por interinos aragoneses en fraude de ley, y sí la utilice para promover estos nuevos despidos.
Recientemente, casi cinco meses después de aprobada la instrucción, el Ejecutivo aragonés ha aprobado una modificación de la misma, según la cual cada Departamento puede establecer de forma excepcional que algunos interinos permanezcan en sus puestos. Algo que, según STEPA, “no soluciona el problema y aumenta además la arbitrariedad de esta norma, que el Gobierno no quiso aprobar como orden o decreto, para evitar que pudiera ser recurrida”. Desde que se publicó la instrucción, este sindicato pidió su retirada inmediata en la mesa sectorial por las nefastas consecuencias que está ocasionando. “Incluso otros sindicatos, hasta ahora cómplices de todos los acuerdos del Ejecutivo del PP en contra de los trabajadores, se han sumado a esta petición al ver la gravedad de las consecuencias”, señala.
Por todo ello, STEPA subraya que el Gobierno de Aragón todavía está a tiempo de aumentar la “ridícula cifra” de plazas de estabilización que aprobó el anterior cuatripartito de Lambán y ha mantenido el actual que preside Jorge Azcón. “Tendría consecuencias positivas de forma inmediata: sillas con trabajador, disminución de la temporalidad, no se pierde más experiencia y se recupera la perdida, los trabajadores fijos volverían a trabajar al ritmo normal, no al 120% actual, se para el grave deterioro del servicio público, se aligeran el resto de procesos selectivos, que se realizan con más facilidad porque hay menos participantes, menos irregularidades en esos procesos propiciadas por la velocidad de vértigo en su intento de resolución, y en definitiva cumplir con los plazos y con la Ley. Y a medio plazo, no se duplican plazas cuando el Tribunal Supremo dicte fijeza de acuerdo con el TJUE, se reducen los procesos judiciales, las futuras indemnizaciones, menos esfuerzo en la provisión de puestos, y más tiempo para valoración de RPTs y amortizaciones si realmente son necesarias conforme se vaya jubilando el personal (30% en los próximos 5 años)”.
STEPA mantiene que el PP debe cumplir su compromiso preelectoral, del que se olvidó a los pocos meses de llegar a la DGA. En primer lugar, identificar todos los puestos del personal temporal conforme a la Ley, tal como se aprobó en los Presupuestos de 2024 a propuesta de quien en ese momento era su socio de Gobierno, VOX. Y de manera inmediata, “dejar de cesar a ese personal temporal en abuso, con el único objetivo de maquillar mínimamente los escandalosos e ilegales datos de temporalidad”.
FUENTE: Nota de prensa de STEPA
