Una representación del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha participado hoy, junto con más de 50 asociaciones, sindicatos y plataformas de personal público temporal, en una concentración nacional ante el Congreso de los Diputados que, durante toda la sesión de control al Gobierno en la Cámara, ha exigido una solución definitiva al abuso de la temporalidad, así como la recuperación del personal cesado.
En Aragón, de una plantilla aproximada de 61.000 empleados públicos de la administración general de Aragón, casi la mitad son interinos y unos 17.000, casi un tercio, se encuentran en abuso de temporalidad, al superar el límite legal de tres años con contratos temporales. Según STEPA, la situación de Aragón es especialmente grave en comparación con otras comunidades autónomas, donde sí se ha estabilizado al grueso de la plantilla, y también con respecto a otras instituciones aragonesas, como el Ayuntamiento de Zaragoza. Por el contrario, el Gobierno de Aragón con lo único que está cumpliendo es con la prohibición de los contratos temporales de más de tres años, lo que está provocando al mismo tiempo oleadas de despidos, que agrava aún más la situación.
STEPA ha instado al Ejecutivo a admitir el error y proceder a una ampliación de plazas por concurso de méritos en toda la DGA “como único camino para “evitar sanciones de la Comisión Europea por el incumplimiento de su normativa y para lograr un servicio público de calidad y eficiente, al facilitar estabilizar a los trabajadores y trabajadoras con más experiencia”.
A juicio del sindicato, la medida adoptada por el Gobierno de Azcón para fidelizar médicos en puestos de difícil cobertura, que pasarán a ser fijos a los tres años, “es un buen indicador de que cuando los políticos quieren algo, se hace con celeridad”. Por ello, reclama que la decisión para el colectivo médico no genere agravios y se amplíe a todos los trabajadores autonómicos, incluyendo los 1.400 profesionales sanitarios que finalizan su contrato el próximo 6 de julio, para responder a la perentoria necesidad de prestar servicios públicos de calidad, “que merecen los pacientes, pero de la misma manera todos los aragoneses; por ejemplo, los agricultores y ganaderos que no pueden realizar sus gestiones por la falta de personal en las OCA”.
El decreto ley del Ejecutivo aragonés contempla, además de un concurso de méritos,que solo requiere avalar experiencia sin necesidad de tener aprobada una oposición, que estos se convertirán en personal estatutario fijo dentro del Salud y podrán participar en los concursos de traslados de su categoría o en los sistemas de promoción interna o provisión de plazas de otra categoría o especialidad.
Además, STEPA recuerda que sus demandas son “de obligado cumplimiento por la normativa europea” e insta a defender tanto los derechos de los empleados públicos que trabajan en situación de precariedad y nunca reconocidos, como la calidad de la administración pública para mejor atención a los ciudadanos.
800.000 RAZONES
Una docena de organizaciones, entre las que se encuentra STEPA, ha convocado la movilización a lo largo de toda la jornada, que ha comenzado a primera hora de la mañana en las cercanías de la Cámara Baja, coincidiendo con la sesión de control al Gobierno, para protestar por la parálisis del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia, “que está llevando a la desesperación a miles de familias”. La reivindicación principal es la tramitación inmediata de la Ley de Función Pública, o de otra ley específica, que incluya una solución que sirva tanto para el personal abusado en activo, como para miles de trabadores injustamente cesados tras décadas de servicio público.
El acto ha denunciado “la cerrazón del Gobierno”, así como el incumplimiento sistemático por parte de los tribunales españoles de la normativa europea, que es de obligado cumplimiento y de aplicación directa, ya que la Directiva no ha sido traspuesta al ordenamiento español. Todo ello ha agravado este problema, que ya afecta a más de 800.000 personas del personal público temporal.
La Ley aprobada hace cuatro años por el Gobierno central para impulsar su estabilización no se ha cumplido en Aragón, por lo que aún está lejos de alcanzar el 8% de temporalidad establecido por el Estatuto de la Función Pública y exigido por la Unión Europea para que España pueda acceder a los fondos Next Generation.
UNIDAD EN LA LUCHA
La movilización ha sido convocada por la Plataforma de Afectados por la Función Pública, las asociaciones ANSITI y PILTEx, y los sindicatos FETAP-CGT, Co.bas, Solidaridad Obrera, STEPA, STEM, SAP-CGT y otros sindicatos de sanidad y Educación. Además, otras 45 asociaciones, sindicatos, y movimientos ciudadanos de los sectores sanitario, educativo y pensionista de todo el país, han apoyado esta reivindicación fundamentada en la normativa europea, con la Directiva 1999/70/CE y en numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Recuerdan que el problema de la temporalidad en las administraciones públicas viene de muchas décadas atrás, y de gobiernos de distinto cuño político, extendido por administraciones autonómicas y locales que se han aprovechado de tener trabajadores y trabajadoras “de segunda”, eternamente temporales, que ejercen tareas estructurales que deberían cubrirse de forma fija.
La concentración se ha organizado en dos horarios a lo largo de la jornada, entre las 9:00-12:00 y las 13:30-17:00, coincidiendo con la sesión de control al Gobierno, para permitir la asistencia de personal que acude desde otras Comunidades Autónomas. El personal temporal en fraude de ley ha portado pancartas bajo los lemas: “Por la fijeza, contra el abuso de la temporalidad” y “Por la readmisión de las cesadas y el cumplimiento de las sentencias TJUE”.
FUENTE: Nota de prensa STEPA
