El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha llevado este martes sus protestas a Madrid y se ha concentrado ante el Congreso de los Diputados para denunciar la “insumisión” del Gobierno aragonés PP-Vox de Jorge Azcón con la Ley de Interinos.
Además, STEPA se ha reunido con el portavoz de la comisión de la Función Pública del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, José Luis Aceves, y con dos representantes de Sumar: Engracia Rivera, vicepresidenta primera de la comisión de la Función Pública, y Verónica Martínez Barbero, de la comisión de Trabajo. En ambas reuniones el sindicato les ha expresado su preocupación por el incumplimiento de la Ley para la estabilización del empleo temporal por parte del Gobierno de Aragón, y la inactividad en la aplicación del Real Decreto-Ley que da una segunda oportunidad a las administraciones incumplidoras. El sindicato ha resaltado que la vulneración de la ley por el Ejecutivo aragonés puede tener como consecuencia la pérdida de fondos europeos.
STEPA ha llevado a cabo estas acciones junto con representantes de la Coordinadora Estatal del Personal Público Temporal (CEPPT), que han insistido antes los representantes políticos en la desigualdad que están sufriendo miles de interinos “ya que en algunas comunidades autónomas se está consiguiendo la estabilización de puestos de trabajo temporales y en otras el despido libre y gratuito, como es el caso de Aragón”.
El sindicato aragonés ha trasladado así sus acciones de protesta para reclamar atención sobre los miles de interinos afectados ante el incumplimiento del Gobierno de Jorge Azcón (PP) de la Ley de estabilización, “pese a que es un compromiso firmado por su partido y en contradicción con las continuas reclamaciones de igualdad de todos españoles ante la Constitución y las leyes que proclama el presidente aragonés”.
STEPA ha mostrado su preocupación por las desastrosas consecuencias que esta temporalidad tiene para la calidad de los servicios públicos. “Lo más llamativo es que otras comunidades autónomas como Cataluña, e incluso otras Administraciones aragonesas, han aplicado la Ley sin problema, pero el Gobierno de Azcón mantiene su insumisión; Aragón es la gran incumplidora, y deja a miles de interinos desprotegidos”, advierten.
Desde el sindicato han vuelto a insistir en que el Gobierno de Aragón elude la aplicación de leyes básicas de obligado cumplimiento, obviando el mandato de reducir la temporalidad al 8% antes de que finalice 2024, lo que puede tener consecuencias nefastas para la llegada de los fondos europeos. “La Ley habrá de cumplirse de la misma forma en todos los territorios para, al menos, intentar cumplir con los compromisos derivados de las ayudas NextGeneration”, han añadido.
El sindicato ha denunciado la precarización del empleo público debido a los altos índices de temporalidad, que afecta en España a más de 1.100.000 trabajadores y trabajadoras del sector público, de los que 800.000 estarían en fraude de ley. Aragón es una de las Comunidades Autónomas con un índice de temporalidad más alto, con 26.000 empleados públicos temporales, que suponen el 51% de la plantilla, según el último Boletín Estadístico del Personal de la DGA, de los que unos 17.000 deberían ofrecerse en procesos de estabilización, estima esta fuerza sindical.
REUNIÓN CON EL MINISTRO ESCRIVÁ
STEPA y la CEPPT van a continuar su campaña de acciones denunciando tanto en Madrid como en Europa las irregularidades que están cometiendo algunas comunidades. Como medida inmediata, solicitarán una reunión urgente con el ministro de la Función Pública, José Luis Escrivá.
El sindicato aragonés reclama medidas que obliguen al cumplimiento de la Ley por parte del Gobierno de Azcón, empezando por la identificación de las plazas afectadas y su posterior publicación en una nueva oferta extraordinaria o una ampliación de la existente para poder estabilizar a los miles de temporales en abuso.
El incumplimiento de la Ley está afectando ya a miles de empleados públicos temporales a los que se les niega el derecho a la estabilización de su puesto de trabajo a través de procesos selectivos por concurso o concurso-oposición, bajo los principios constitucionales y el derecho a una compensación económica en caso de no superar dicho proceso. Estos interinos, además, son en su mayoría mujeres con una edad media superior a los 50 años, con cargas familiares y una vida laboral de décadas dedicadas al servicio público.
CUMPLIR CON LO FIRMADO
“El Gobierno de Javier Lambán (PSOE), primero, y ahora el de Jorge Azcón están siguiendo la misma política contra los trabajadores temporales, incumpliendo la ley y negándoles el derecho a estabilizar su puesto de trabajo, algo que sería penalizado en el sector privado y que en el público no tiene ninguna consecuencia para el contratador”, han puntualizado desde el sindicato.
Según STEPA, “en el caso del Ejecutivo de Azcón, esta desidia y desinterés por solucionar el problema de acuerdo con la estipulado por la ley es peor ya que no están cumpliendo con el compromiso que adquirieron durante la campaña electoral”. Para el sindicato, la falta de compromiso por parte del Partido Popular a la palabra dada antes de las elecciones “muestra su hipocresía, ya que reclama igualdad para todos los españoles ante la Constitución y el cumplimiento de la Ley, pero no lo hace con sus propios trabajadores”. Por eso, desde STEPA piden que la campaña en redes sociales #CumplirConLaPalabra no sea sólo un gesto de cara a la galería sino un acuerdo real.
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
Las reuniones que ha mantenido hoy en Madrid el sindicado STEPA forman parte de las acciones de protesta que están llevando a cabo a lo largo de febrero, que se destaca como un mes decisivo tras el macroconcurso de traslados en la DGA que ha supuesto el inicio de nuevos ceses masivos de temporales que amenazan con un “colapso de la Administración”.
Estas movilizaciones comenzaron el pasado 31 de enero con un encierro en el Edificio Pignatelli y continuarán hasta el día 22, cuando se conozca una nueva resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el derecho a la fijeza del personal temporal en abuso, cuando se espera una mayor contundencia en la determinación de las sanciones a las administraciones que abusan de su personal temporal.
“Confiamos en el que TJUE se pronuncie de una manera contundente sobre la Ley 20/21, al considerar no es adecuada porque los procesos no son restringidos sino de libre acceso, porque la indemnización de 20 días por año trabajado es insuficiente y, sobre todo, que quede claro que afecta a todos los trabajadores públicos, tanto funcionarios como estatutarios”, han manifestado desde STEPA.
Entretanto, STEPA reclama una solución para los cientos de personas ya cesadas tras décadas de servicio en la Administración y que no han recibido siquiera una mínima indemnización. En particular, recuperar el derecho preferente a recuperar la plaza que tenían si queda vacante, una norma que se modificó en la etapa de Lambán; así como que se valore su experiencia en las bolsas de empleo.
FUENTE: Nota de prensa STEPA
