El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado esta mañana que los trabajadores públicos temporales, que son víctimas de un abuso y que lleven más de tres años en sus puestos deben pasar a la fijeza automática, la misma sanción que se aplica en el sector privado, como única medida que garantiza el cumplimiento de la Directiva 1990/70/CE.
La sentencia respalda las denuncias del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) por los despidos ilegales que está llevando a cabo el Gobierno de Aragón, que tras este contundente varapalo de la Justicia ha reclamado garantizar sin más demora los derechos de todos los afectados, más de 3.500 en la DGA así como también el de los funcionarios interinos, hasta alcanzar los 17.000 temporales en abuso en la contratación con la administración aragonesa. Con estos fines, los representantes del sindicato celebrarán una concentración mañana viernes a las 11 horas en la puerta del acceso principal al edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.
Según los últimos datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón, de diciembre de 2003, la plantilla autonómica se componía de 59.794 trabajadores, de los que 4.799 eran personal laboral (regidos por el Estatuto de los Trabajadores). La decisión judicial afectaría directamente a todos los que hayan sumado más de un trienio de antigüedad, si su plaza no ha sido convocada en ese tiempo. STEPA ha señalado que la misma interpretación hay que hacer extensiva a todos los funcionarios interinos que se encuentran en esta situación.
Esta sentencia responde a una cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que para resolver un litigio entre tres trabajadores víctimas que llevaban enlazando contratos temporales sucesivos hasta por más de treinta años, y sus empleadores públicos preguntó al Tribunal de Luxemburgo si eran de aplicación la directiva europea 1999/70, que reguló hace ya más de 20 años el abuso de temporalidad. Los tribunales españoles habían definido hasta ahora la figura del indefinido no fijo, como vínculo prorrogable hasta que la plaza saliera a oposición; ahora, la UE ha dejado claro que el incumplimiento del empleador de su obligación de convocar procesos selectivos en plazo compromete el objetivo de la directiva.
Además, el TJUE recalca que los procesos de estabilización convocados para cumplir con la norma europea no son adecuados como sanción para estos casos de abuso de temporalidad y también rechaza la indemnización de 20 días por año de servicio.
“STEPA TENÍA RAZÓN”
STEPA ha subrayado que la sentencia “ha demostrado que teníamos razón, los trabajadores en abuso de temporalidad no pueden ser cesados así que ahora solo cabe cumplir con la ley”. Como primeros pasos, ha demandado al Gobierno de Aragón “paralizar todas las ofertas que ahora están causando graves despidos, como los recientes en personal de Enfermería o los de ingenieros técnicos agrícolas y de auxiliares administrativos anunciados para marzo” e identificar todas las plazas que cumplen con los requisitos para convertirse en fijas.
El sindicato ha recordado que lleva años luchando por los derechos del personal temporal “frente a la vulneración de las leyes y el abandono por parte del Gobierno de Aragón e incluso de otros sindicatos”. Tras esta decisiva sentencia ha convocado la concentración del viernes “con el doble objetivo de celebrar ver reconocido este esfuerzo y también de demandar que, por fin, el Ejecutivo cese en el interinicidio y el ataque a los servicios públicos que está cometiendo”.
STEPA denuncia que la situación actual es el resultado de “una década de nefastas políticas laborales”, durante la cual la temporalidad no ha hecho sino aumentar año tras año de forma desbordante y en la Administración General ya supera el 54%. Además, miles de funcionarios siguen ocupando comisiones de servicio, continúan sin resolverse cientos de procesos selectivos, gran parte ya caducados, y existe más de un 8% de plazas vacantes”.
Como otra muestra de este abandono, señala que el propio consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, declaró en prensa que con los procesos en marcha se llegará este año al 20% de temporalidad: dos veces y media la exigencia legal.
STEPA incide en que respetar los derechos y la experiencia de los temporales supone ofrecer unos mejores servicios públicos a los ciudadanos, es la única vía para cumplir con los compromisos europeos ligados a recibir los fondos Next Generation y evitar las sanciones derivadas de los procesos abiertos de infracción de la Comisión, y no perjudica a quienes busquen un nuevo empleo en la Administración “porque los datos muestran la necesidad de aumentar las plantillas por la gran cantidad de jubilaciones que se producen anualmente”.
FUENTE: Nota de prensa Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA)
