El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha presentado en el Día de Europa la campaña #HelpMeHelpNow, con la que se reclama a la Unión Europea que no demore el procedimiento sancionador abierto contra España y obligue al Estado a cumplir con la Directiva 1999/70, que prohíbe el abuso de temporalidad en el empleo, mediante la conversión en fijos de las víctimas. Según los cálculos de STEPA, esta situación afecta solo en la DGA, que destaca como uno de los principales incumplidores de la norma, a 17.000 trabajadores, casi el 30% de la plantilla.
Los delegados del sindicato han presentado esta campaña con una concentración en la plaza de Europa, en Zaragoza, donde se alza el obelisco con la estrella de doce puntas en el suelo, en homenaje a la Unión Europea. De esta manera han simbolizado su petición de ayuda urgente al Europarlamento y la Comisión, ante el “desamparo” que sufren los interinos afectados por el abuso de temporalidad estructural en las administraciones públicas, “que, pese a los reiterados avisos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la Comisión Europea, España sigue sin resolver de forma efectiva”.
El pasado octubre, la Comisión ya remitió a España una carta de emplazamiento adicional, señalando que las nuevas normativas, incluida la Ley 20/2021 de estabilización, no solucionan los problemas detectados, especialmente por la ausencia de sanciones eficaces frente al abuso. Con la campaña #HelpMeHelpNow, STEPA le pide intervenir ya para que se aplique la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la que al no haber otras medidas, la sanción aplicable debe ser la conversión en trabajadores fijos de los afectados, como también sucede en el sector privado.
Con este fin, el sindicato ha preparado una carta modelo y un listado con los correos electrónicos de 275 eurodiputados y comisarios europeos, para que todas las personas que sufren esta situación escriban contando su caso personal y reclamando intervenir. STEPA ha destacado que esta campaña está abierta a todas las organizaciones que deseen sumarse, ya que “los datos oficiales del propio Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública muestran que más de 800.000 empleados públicos continúan en situación de abuso”.
EL FRACASO DE LA ESTABILIZACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO
El abuso de la contratación temporal es un mal endémico en el sector público español, que ha utilizado durante décadas a funcionarios interinos para atender necesidades permanentes del servicio a los ciudadanos, vulnerando así la Directiva 1999/70, que exige que se sancione esta práctica. Ante las exigencias de dar solución, el Gobierno de España aprobó la Ley 20/21, para que los afectados pudieran estabilizar su plaza por concurso de méritos.
Esta norma ha sido un fracaso porque distintas administraciones no han cumplido siquiera con el paso de identificar a todos los afectados en sus plantillas y han sacado a estos procesos un mínimo porcentaje de las plazas que cumplían con los requisitos. De esta manera, muchos interinos con décadas de servicio no han tenido la oportunidad y sus puestos se han ido ofreciendo en ofertas libres o en concursos de traslados, lo que supone el despido sin indemnización tras años de dedicación. Además, sigue muy lejos la exigencia de que la temporalidad en el sector público no supere el 8%.
La Administración autonómica de Aragón es uno de los ejemplos más patentes de incumplimiento de la normativa europea. Según el último boletín estadístico de personal publicado, al 47,6% (más de 29.000 trabajadores sobre un total de 61.000) son temporales, y 17.000 están en abuso de temporalidad, lo que supone casi el 30% de la plantilla
Todas estas personas, en su mayoría mujeres mayores de 50 años, están siendo expulsadas del sistema laboral. Accedieron a sus puestos según el procedimiento legal vigente, han prestado servicios de forma intachable y no han tenido oportunidad de consolidar su plaza. Muchos han agotado las vías judiciales y se han encontrado con que, a pesar de ver reconocido el abuso, no han tenido medidas de reparación y sus recursos no han sido admitidos por el Tribunal Supremo, debiendo además pagar las costas.
STEPA subraya que esta situación “no es compatible con los valores de justicia y legalidad de la Unión Europea” y que además “perjudica a todos los ciudadanos porque está causando un grave deterioro de los servicios públicos”.
