El abogado Javier Araúz, defensor de miles de empleados públicos e impulsor de las sentencias europeas sobre el abuso de temporalidad, ha asegurado este miércoles en Zaragoza que estamos “dando pasos agigantados” para la estabilización de todos los interinos que lleven más de tres años con contratos temporales. Según ha señalado, el día 29 de este mismo mes, la Unión Europea puede avanzar hacia una multa millonaria a España por incumplir la directiva europea que obliga a sancionar el abuso de la contratación temporal “porque la precariedad laboral es una esclavitud del siglo XXI y tiene que derogarse”.
El jurista ha impartido una charla en la sede del Gobierno de Aragón, organizada por el sindicato STEPA, para explicar qué suponen los últimos fallos del TJUE y del Tribunal Supremo para los afectados. En abril, los jueces europeos dictaminaron que España no tiene medidas conformes con el Derecho de la Unión para sancionar la utilización abusiva de los contratos temporales en el sector público. Después, en mayo, el Supremo se pronunció sobre la aplicación de esta sentencia, destacando que la Administración responsable debe ser penalizada.
Así, ha destacado que “por primera vez se prevén responsabilidades y tenemos un suelo mínimo de fijeza para quienes hayan superado un proceso selectivo sin obtener plaza e indemnizaciones disuasorias y proporcionadas para el resto; pero además la Comisión Europea ha declarado que estas medidas no son suficientes y solo queda la fijeza como solución lógica y natural y que además nos beneficia a todos”.
Araúz ha considerado que la solución tiene que venir por una ley estatal “que estabilice a este personal en términos razonables, que ya llega con 25 años de retraso”. El jurista ha considerado que esta medida “es pedir muy poco; y más con un Gobierno que se dice socialista y obrero, pero que es el que más despidos ha producido en el sector público”.
Sobre este incumplimiento de España de la directiva europea, el abogado también ha recordado que “ocho de cada diez sanciones por incumplir normas comunitarias son para nuestro país y normas como la prohibición de las cláusulas suelo han tenido que venir impuestas, lo que demuestra que tenemos políticos que siguen en el siglo XIX y no ven que Europa se basa en el derecho social”.
“CONTAR CON LOS MEJORES EN LA TAREA PÚBLICA”
“Solo falta el último impulso y vendrá de Europa”, ha afirmado Javier Araúz, que también ha incidido en que no es sostenible la postura del Tribunal Supremo de que solo se puede obtener una plaza fija de funcionario tras superar una oposición sin plaza “porque para acceder al empleo público siempre hay que superar un proceso selectivo y es un disparate decir al mismo tiempo que se puede trabajar treinta años de interino y luego que no se tiene derecho a la fijeza porque no ha pasado un examen”.
El abogado también ha recalcado que esta vía “nos beneficia a todos porque estos funcionarios son modélicos, han prestado un servicio de calidad siempre y son los mejores trabajadores en la tarea pública, los que han demostrado día a día que pueden atender a los ciudadanos. Igualmente, con la fijeza de este colectivo, “se reduciría automáticamente la temporalidad en el sector público, como exige Europa; porque es increíble que las Administraciones públicas todavía sigan abusando de sus trabajadores al nivel de la tercera parte de su plantilla”.
UN TERCIO DE LA PLANTILLA DE LA DGA EN ABUSO
Javier Araúz ha explicado que su bufete lleva solo en Aragón unas dos mil reclamaciones y demandas de víctimas del abuso de temporalidad y ha señalado a la Administración autonómica aragonesa como “uno de los incumplidores clave” a nivel nacional. Según los cálculos de STEPA, están en esta situación unos 20.000 trabajadores, un tercio de la plantilla total de la DGA en sus distintos sectores. En toda España, las plataformas de interinos estiman cerca de un millón.
El abogado también ha resaltado que frente a los gobiernos de Aragón, tanto con el PSOE como con el PP, los ayuntamientos y administraciones locales de la Comunidad “presentan muchos menos problemas y han entendido que la estabilidad es un derecho fundamental de sus trabajadores”. También ha resaltado que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón “es de los pocos que reconoce el abuso; no aplica ninguna consecuencia a esa situación, pero por lo menos reconoce el abuso”.
Araúz ha concluido animando a todos los afectados a “seguir reclamando y demandando, que hemos demostrado que es como se obtienen resultados y como hemos ido derribando muros”.
