El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha iniciado con un encierro de un día en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, “una contundente campaña de protestas” para protestar por el despido ilegal de cientos de trabajadores temporales. Esta acción denuncia que el Gobierno de Aragón moverá de golpe mañana, uno de febrero, a 1.050 de personas de la plantilla de la Administración General y dejará en la calle a cientos trabajadores temporales, la mayoría con más de 10 años de servicios, provocando un caos en el servicio, y puestos sin atender derivados de los ceses, sin previsión para solucionar el problema.
El encierro concluirá mañana con una concentración a las 11 horas a las puertas del edificio y le seguirán nuevas movilizaciones sorpresa a lo largo de febrero para denunciar que el macroconcurso de traslados en la DGA supone el inicio de nuevos ceses masivos de temporales que mermarán la calidad de los servicios debido al incumplimiento del Gobierno de Jorge Azcón (PP) de las leyes contra el abuso de temporalidad y de su compromiso firmado de respetar los derechos de sus víctimas. La campaña culminará el día 22, cuando se conocerá una nueva resolución del TJUE sobre el derecho a la fijeza del personal temporal en abuso en la que se espera una mayor contundencia en la determinación de las sanciones a las administraciones que abusan de su personal temporal.
STEPA resalta que los masivos movimientos de mañana a nuevos destinos, por un concurso de traslados en el que no se ha valorado la experiencia en el puesto de trabajo específico, es “inconcebible en cualquier empresa” y tendrá como primera consecuencia que perderán su empleo, sin ninguna compensación económica, cientos de temporales que atendían las plazas adjudicadas y de esa manera los puestos de origen quedarán vacantes, “aunque no tenemos los datos reales de despidos, que no han querido facilitarnos ni en la Mesa Sectorial, ni en provisión de puestos, ni preguntando al propio director general”.
Además, unos 150 de los cesados superan los tres años de antigüedad y no se les ha dado la oportunidad, como exigen las leyes, de consolidar su plaza por concurso de méritos o concurso-oposición. Igualmente, avisa de que “el servicio se va a resentir durante meses” al enfrentarse los trasladados, principalmente puestos medios, a labores nuevas para ellos y, además, se anuncia que muchos de los funcionarios pedirán de forma inmediata volver a su anterior destino u otro en comisión de servicios, “perpetuando el caos”.
El sindicato subraya que a lo largo de los próximos meses toda esta situación se va a agravar y nuevos cientos de nuevos ceses ilegales de interinos y temporales van a llevar al colapso de la Administración autonómica; ya que este mismo mes de febrero se producirán nuevas tomas de posesión de distintas Ofertas Públicas de Empleo o en junio un nuevo concurso de traslados, “dejando muchos servicios desatendidos”.
“Todas estas acciones, consecuencia del acuerdo para la reducción de la temporalidad entre Función Pública y el resto de los sindicatos de la Mesa Sectorial, incumplen las leyes europeas y nacionales sobre los interinos y además son inútiles para su objetivo porque no ha existido ni un análisis previo ni una planificación real, por lo que sus consecuencias las van a pagar todos los ciudadanos”, resume STEPA.
“EL GOBIERNO DE ARAGÓN ESTÁ COMETIENDO UN INTERINICIDIO”
STEPA explica que el momento actuales el resultado de “una década de nefastas políticas laborales”, en que, como dato más significativo, la temporalidad no ha hecho sino aumentar año tras año de forma desbordante y en la Administración General ya supera el 54%. Además, miles de funcionarios siguen ocupando comisiones de servicio, continúan sin resolverse cientos de procesos selectivos, gran parte ya caducados, y existe más de un 8% de plazas vacantes.
El recurso a los empleados temporales para atender necesidades permanentes es una práctica laboral que se castiga en el sector privado, pero al que las Administraciones públicas han recurrido de forma sistemática. Por ello, la Unión Europea exigió que se tomen medidas, amenazando con sanciones si no se reduce la temporalidad por debajo del 8% antes de finalizar este año. El Parlamento y el Gobierno de España han aprobado así normas que, aunque limitadas, obligan a permitir la fijeza de las víctimas del abuso de temporalidad accediendo a procesos extraordinarios de estabilización; pero que el Gobierno de Aragón está vulnerando completamente, primero durante la presidencia de Javier Lambán (PSOE) y el cuatripartito, y ahora también, con Jorge Azcón y el equipo de PP y Vox.
Mientras la práctica totalidad de comunidades autónomas ya ha completado estos procesos de estabilización, el Gobierno de Aragón se mantiene como gran incumplidor y ni siquiera se ha publicado una lista de las plazas que cumplen con los requisitos fijados por la Ley y que, obligatoriamente, no pueden salir a otras convocatorias. Según los cálculos de STEPA, en Administración General son más de 4.500; pero primero el PSOE y luego el PP han sacado ofertas muy limitadas y sin ninguna justificación, que dejan fuera al 85% de los afectados.
“Los dos principales partidos en Aragón coinciden en cometer un ‘interinicido’ sin sentido, ignorando por completo los derechos de sus trabajadores. Lambán y ahora Azcón están siguiendo las mismas políticas, en contra de la ley y del interés de los ciudadanos y la propia Administración”, concluye el sindicato.
“LA REALIDAD DEL PP ES #INCUMPLIRCONLAPALABRA”
STEPA subraya que el Partido Popular firmó un acuerdo durante la campaña electoral en el que se comprometió por escrito a respetar sus principales demandas: identificar todas las plazas que cumplen con los requisitos para llevarse a la oferta de estabilización, retirarlas de cualquier otro sistema de provisión de puestos para no echar a ninguna víctima a la calle y agilizar sus convocatorias. Puntos que no se han respetado en los actuales acuerdos de empleo.
Por el total olvido de este documento, STEPA pide al PP que “al menos cambie el hashtag #CumplirConLaPalabra” de la campaña que está desarrollando en redes sociales, porque la realidad es Incumplir”. “Jorge Azcón no cesa de reclamar igualdad para todos los españoles y respeto a las leyes, pero no la aplica para sus propios trabajadores”, añade.
Como otra muestra de este abandono, el propio consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, declaró en prensa que con los procesos en marcha se llegará este año al 20% de temporalidad: dos veces y media la exigencia legal y, además para el que no se están poniendo medios, comenzando por la situación de la Dirección General de Función Pública, “que hace aguas con la dimisión de su máximo responsable y sin dirigentes al mando”, ya que están vacantes la dirección del Instituto Aragonés de Administración Pública y las jefaturas de servicio de Provisión de Puestos y Régimen Jurídico
PROTESTAS PARA EXIGIR SOLUCIONES
Pese a este panorama, STEPA resalta que “aún es tiempo de soluciones si se actúa ya”, puesto que la misma Oferta Pública de Empleo de 2023 permite modificar las convocatorias previstas. Para exigir este necesario giro, el sindicato ha preparado distintas acciones a lo largo de todo febrero, que se destaca como un mes decisivo, “porque no hay margen para prorrogar esta situación”.
El principal objetivo es que el PP cumpla con lo firmado y lo que señala la ley: identificar todas las plazas que corresponden a los procesos de estabilización, sacarlas de todas las demás pruebas selectivas y sumarlas a las ya previstas por este sistema. La vulneración de estos puntos fue el motivo por el que STEPA no firmó el acuerdo de la Mesa Sectorial sobre medidas para reducir la temporalidad en la Administración.
Asimismo, se reclama una solución para los cientos de personas ya cesadas tras décadas de servicio en la Administración y que no han recibido siquiera una mínima indemnización. En particular, recuperar el derecho preferente a recuperar la plaza que tenían si queda vacante, una norma que se modificó con Javier Lambán; así como que se valore su experiencia en las bolsas de empleo.
El sindicato recalca que los despidos de temporales en abuso terminarán dando lugar a sentencias condenatorias para la Administración “que pagaremos todos los aragoneses”. El día 22 está anunciado que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminará ante las cuestiones planteadas por distintos jueces si ante el abuso de temporalidad en el personal público laboral procede la fijeza, “que es la norma lógica al ser la misma sanción que ya se aplica en el sector privado y se está esforzando por controlar”.
STEPA incide en que respetar los derechos y la experiencia de los temporales supone ofrecer unos mejores servicios públicos a los ciudadanos, es la única vía para cumplir con los compromisos europeos ligados a recibir los fondos Next Generation y no perjudica a quienes busquen un nuevo empleo en la Administración “porque los datos muestran la necesidad de aumentar las plantillas por la gran cantidad de jubilaciones que se producen anualmente”.
FUENTE: Nota de prensa STEPA
