Hasta 60 sindicatos y plataformas de toda España se han concentrado esta mañana ante el Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública para denunciar que el Gobierno central y las Comunidades Autónomas están incumpliendo la legislación y las sentencias europeas y la propia normativa nacional, que obligan a estabilizar y dar fijeza en el empleo a todo el personal en abuso de temporalidad. Las organizaciones aragonesas STEPA-CATA, SOMOS, STEA o ISTA han sido algunas de las convocantes y participantes en esta protesta para reclamar al ministro José Luis Escrivá una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público que atienda sus derechos “o habrá un otoño caliente con movilizaciones“. Se estudian también acciones como una nueva manifestación ante las instituciones europeas, como la realizada en noviembre de 2021.
Ante la inacción de todos los poderes públicos tras las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los sindicatos que sí apoyan a los interinos reclaman con esta protesta, en la que han participado cientos de personas, cuatro puntos: la paralización de los ceses de personal en abuso, la reincorporación de los despedidos en procesos que no cumplían la normativa europea, reconocer la estabilidad a todas las personas con más de tres años de trabajo para la misma Administración y establecer sanciones que eviten que esta situación de abuso se repita.
Para impulsar estas reivindicaciones, los portavoces de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, también con presencia de STEPA, registraron este miércoles ante la Representación de la Comisión Europea en España un informe que analiza la situación actual de indefensión y falta de tutela judicial efectiva del personal en abuso. El documento, con datos por autonomías, muestra cómo la temporalidad en el sector público se ha incrementado desde 2022 hasta una media del 37%, pese a que está abierto un procedimiento de infracción contra España por las miles de denuncias sobre este tema. La llegada de los fondos europeos Next Generation también está condicionada a que España reduzca este año al 8% su tasa de temporalidad en las administraciones.
“URGE LA MODIFICACIÓN DEL TREBEP”
La concentración ante el Ministerio de Función Pública, convocada por 20 organizaciones y apoyada por otras 39, ha coreado lemas como “No somos plazas, somos personas” para reclamar una modificación urgente del TREBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, “reconociendo el derecho a la estabilidad al personal en abuso de temporalidad”. Los manifestantes han asegurado: “No vamos a dejar de luchar hasta que esto se consiga, porque es de justicia”.
En el acto se ha leído un manifiesto recordando que en 2015 se trasladó a la legislación nacional la Directiva 1999/70/CE, limitando la contratación temporal a un máximo de tres años en el empleo privado. También el Estatuto establece esta limitación en la función pública. Sin embargo, las Administraciones la han incumplido sistemáticamente, “un hecho que convierte al sector público en un agente activo de la precarización laboral“.
Este año, el TJUE ha dictaminado en sus sentencias del 22 de febrero y del 13 de junio que la estabilidad en el empleo es la solución más adecuada para quienes han sobrepasado en su puesto el máximo legal con contratos temporales. El Tribunal Europeo deja claro que no existen sanciones válidas al abuso de temporalidad y que los procesos de estabilización convocados por la Ley 20/21 como solución tampoco cumplen con la Directiva Europea porque no garantiza que se resarza a los trabajadores en fraude de ley. Al contrario, la escasez de plazas convocadas y las resoluciones de otros procesos selectivos y de provisión, están provocando el despido gratuito de una gran mayoría de trabajadoras y trabajadores.
Pese a esta evidencia, el ministro de Función Pública ha defendido esperar a la respuesta del TJUE a una nueva cuestión planteada por el Tribunal Supremo “que durante años se dedicó a bloquear preguntas a Europa sobre casos donde se solicitaba la fijeza”. Continúa así “una manifiesta insumisión legislativa que se traducirá en indemnizaciones por cese y un deterioro cada vez mayor de los servicios públicos“.
“ARAGÓN ESTÁ A LA CABEZA DE LOS INCUMPLIDORES”
La Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal ha documentado esta situación en el informe presentado a la Comisión Europea en el que le reclaman “una actuación firme y urgente” para evitar “seguir los ceses masivos sobre personal en abuso de temporalidad, en un sector altamente feminizado, con una edad media de 55 años“.
Este informe recoge que a fecha de julio de 2023, el 38% de todos los empleados públicos, más de 1,1 millones de personas, son temporales. En las comunidades autónomas se dan casi tres de cada cuatro casos, más de 733.000 y solo en los tres sectores comunes a todas (administración general, docencia no universitaria y servicios de salud) se han dejado de convocar más de medio millón de plazas en los concursos de estabilización.
Las conclusiones también inciden en que los procesos selectivos convocados no reparan a las víctimas del abuso; son insuficientes para “disminuir hasta el 8% de temporalidad, aceptado como objetivo por la Unión Europea, ya que más de 700.000 trabajadores en fraude de ley seguirán siendo temporales o despedidos“; y no contemplan el gasto en indemnizaciones ni el impacto en las prestaciones por desempleo, pese a que el Gobierno se comprometió a lograr esta reducción a coste cero.
STEPA ha subrayado que este nefasto panorama es común a todas las comunidades autónomas, pero que Aragón, con unos 17.000 interinos en abuso en la DGA, “está a la cabeza de los incumplidores“. El sindicato ha señalado datos como que frente a la media de un 43,8% de temporalidad, Aragón supera el 50% y que el porcentaje de plazas temporales sacadas a concurso de méritos ha sido del 10% frente al 19% nacional.
El sindicato ha señalado: “Primero el PSOE de Javier Lambán y ahora el PP de Jorge Azcón han incumplido totalmente la Ley para dar la oportunidad de estabilizar a miles de temporales; pero la aplican a la desesperada para maximizar los ceses de personal interino e intentar reducir de forma precipitada e inútil la temporalidad”. Ante esta situación ha resaltado que no dejarán “de reivindicar a nivel autonómico, nacional y europeo un servicio público de calidad, eficiente y que cuide a su personal“.
