El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) denuncia que el Gobierno de Azcón deja “puestos vacantes sin cubrir, sobrecarga de trabajo al personal y desmantela así el servicio público” con su gestión del personal en la Administración autonómica de Aragón. El último ejemplo, este mismo jueves se refleja en la resolución del concurso de traslados, con más de un 80% de plazas desiertas. Además, la situación se está agravando todos los meses por una instrucción del mes de mayo del director general de Función Pública, Antonio Villacampa, que impone el despido automático de los interinos a costa de dejar sus puestos sin cubrir.
STEPA ha calificado de “sangrante” que el Ejecutivo de Jorge Azcón haya incumplido totalmente la Ley 20/21, que obliga a estabilizar las 17.000 plazas ocupadas por interinos aragoneses en fraude de ley, y sí la utilice para promover nuevos despidos, “mientras perpetúa el abuso y la precariedad en toda la administración autonómica”.
Igualmente ha subrayado que este mismo 3 de octubre, la Comisión Europea ha vuelto a abrir un procedimiento de infracción contra España por no brindar una protección suficiente contra el uso abusivo de contratos sucesivos de duración determinada a los trabajadores del sector público, “en un nuevo aviso de las sanciones y compensaciones a los afectados que van a terminar pagando todos los ciudadanos si los responsables políticos siguen desobedeciendo”.
EL FRACASO DEL CONCURSO DE TRASLADOS
El BOA del 3 de octubre ha publicado la resolución definitiva del segundo concurso de traslados, que para STEPA, tercera fuerza sindical en la Administración General de Aragón en coalición con CATA, “ha demostrado no servir para que el personal funcionario de carrera se establezca en un destino”. De los 3.872 puestos ofertados, han quedado desiertos 3.207, el 83% del total,por falta de peticionarios.
El sindicato ha destacado que el último boletín estadístico de personal del Gobierno de Aragón reconoce que de 12.130 trabajadores de la Administración general, solo 3.893, el 31,5%, tienen destino definitivo. Así, estos resultados muestran “que no hay interés en optar a plazas, muchas de ellas ocupadas por interinos que están siendo despedidos, incluso con sentencias firmes de abuso de temporalidad, sin haber tenido la oportunidad de estabilizar su puesto que señala la ley y ni siquiera percibir una compensación económica”.
Igualmente ha criticado “la total incapacidad de los responsables de Función Pública de organizar y gestionar la plantilla, y la búsqueda de la complicidad sindical con CSIF, UGT y CCOO en firmar acuerdos en contra de la convocatoria del concurso abierto y permanente, difiriendo la toma de posesión del concurso al 1 de noviembre.
A estos movimientos seguirán en noviembre la adjudicación definitiva de aquéllos funcionarios de nuevo ingreso que se encuentran en adscripción provisional, por lo que STEPA considera “una anomalía legal incluida en los Presupuestos de Aragón, ya que los puestos ofrecidos al personal que supera un proceso selectivo deben ser definitivos”.
De esta manera, “el movimiento de personal fijo junto a los cientos de ceses que se avecinan puede provocar una situación insostenible en toda la DGA”.
“NADIE PUEDE DISCUTIR EL COLAPSO”
A los efectos del concurso se suma la aplicación de la instrucción de mayo del Director General de Función Pública que STEPA ha solicitado ya en dos mesas sectoriales de Administración General su supresión o modificación por considerarla “ilegal en aspectos formales y de fondo al pervertir el TREBEP, perjudicando al servicio público y discriminando a los trabajadores temporales y maximiza los despidos de interinos, como medida desesperada de reducir la temporalidad, propiciando una política de sillas vacías, dejando puestos de trabajo sin cubrir para maquillar los datos de temporalidad.
El despropósito sigue al ofertar las plazas vacantes sin ocupar y también las ocupadas por interinos, a comisión de servicios y promoción interna temporal, procedimientos que están previstos solo para casos de urgente necesidad, y que perpetúan un continuo baile de sillas, que conllevan más despidos de interinos y sigue propiciando más movimientos entre los funcionarios de carrera.
“Cada vez son más numerosas las quejas que recibimos de trabajadores que ven con impotencia que no pueden dar el servicio público que desearían, por falta de personal en sus departamentos, cada vez hay más puestos sin cubrir y más presión de trabajo en el personal que se encuentra en activo, afectando a su salud laboral”.
El sindicato, resume que “ya nadie puede discutir el colapso que venimos denunciando, aunque haya quienes todavía no lo asumen” y ha afirmado que “de la quiebra de la Administración Autonómica solo nos están salvando una mermada plantilla de trabajadores y trabajadoras con una dedicación al 120%”.
“PERPETUAR EL ABUSO”
STEPA ha vuelto a condenar la política de Función Pública del Ejecutivo del PP, que no sirve para reducir la alarmante temporalidad. El propio consejero responsable, Roberto Bermúdez de Castro, ha reconocido su fracaso al admitir públicamente que la temporalidad será a fin de año superior al 20% en Administración General, cuando la obligación legal es que no supere el 8%. Nada dice de qué porcentaje de temporalidad va a conseguir a final de año en Educación y Sanidad.
La instrucción del director general recuerda que los puestos en los que cesa un interino se podrán cubrir con otro si no se hay convocada oposición para cubrirlo, esta ha quedado desierta o el adjudicatario no ocupa su plaza. Estas excepciones, dado el índice de temporalidad y el atasco en los concursos selectivos, suponen por tanto “perpetuar el sistema de abuso en la contratación de personal temporal, ahora con la salvedad de que el mismo cambiará cada tres años”.
“NINGUNA SILLA VACÍA EN LA ADMINISTRACIÓN”
Frente a esta situación, STEPA ha reclamado al Gobierno de Aragón una negociación para establecer una cobertura ágil e inmediata de las plazas vacantes, “que no deje sillas vacías durante un largo tiempo, porque supone pérdida de servicio a los ciudadanos”, como no deja de suceder en numerosos casos denunciados en prensa: ayudas a la dependencia, residencias de la tercera edad, secretarías de institutos, permisos ambientales…
STEPA considera que es necesario un nuevo decreto de provisión “realizado con planificación y visión global” y con carácter inmediato establecer un procedimiento, con fechas límite de ejecución, de llamamiento a los interesados a través de la web de la administración aragonesa y las listas de espera ordinarias.
Igualmente, el sindicato ha reiterado el valor del capital humano que está siendo ilegal e injustamente despedido, con un importante coste para los afectados y para los ciudadanos. El sindicato ha señalado la necesidad de convocar ofertas ordinarias de empleo, en plazo y con el número de plazas necesario, para cubrir las necesidades de personal en la Administración autonómica y reponer las jubilaciones en una plantilla especialmente envejecida, y haber cumplido con la identificación y oferta de todas las plazas de las ofertas de empleo público extraordinarias.
“La política de personal del Ejecutivo de Jorge Azcón es nefasta; basada solo en una ineficaz búsqueda del descenso de temporalidad a costa de las condiciones de los trabajadores y del servicio a la ciudadanía, por lo que requiere un giro radical”, ha concluido STEPA.
FUENTE: Nota de prensa STEPA
