El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) reclama que la futura Ley de Función Pública de Aragón, cuya tramitación ya ha iniciado el Gobierno autonómico, sirva tanto para mejorar las condiciones laborales y la calidad del servicio, como para dar una solución definitiva a la obligación señalada por la UE de resarcir al personal en situación de abuso de temporalidad, que esta misma semana ha retirado fondos de ayuda por este motivo. Para ello STEPA, propone incluir una disposición transitoria que permita la permanencia “con carácter excepcional en el puesto o plaza que actualmente ocupa” dicho personal.
El sindicato ha sido la única organización que ha presentado aportaciones a esta norma fundamental durante la fase de consulta pública previa, el momento anterior a la elaboración del proyecto de ley en el que el Gobierno de Aragón brinda a los afectados y a la ciudadanía la oportunidad de opinar sobre los objetivos de la norma y los problemas que pretende abordar. Ningún otro representante de los trabajadores ni asociación ha aprovechado este trámite, a pesar de que la propia documentación del Gobierno reconoce que la normativa vigente, el Decreto Legislativo 1/1991, está incompleta y desfasada, y es necesaria una norma integral “para la mejor prestación de los servicios, con independencia de las alternativas políticas que se sucedan en la Comunidad Autónoma”.
En sus propuestas, STEPA incide en diversos aspectos clave de la gestión del personal, como motor esencial para el funcionamiento eficaz de la Administración. Así, defiende que el acceso a los puestos de funcionario se realice siempre mediante concurso-oposición, y plantea la eliminación de la tasa de reposición para poder convocar todas las plazas necesarias y garantizar el mejor servicio público.
UNA SOLUCIÓN ANTE UN INCUMPLIMIENTO HISTÓRICO
Uno de los puntos centrales de las propuestas de STEPA es que los procesos selectivos en la Administración General de la DGA se realicen por concurso-oposición, con el fin de conservar el valor añadido que aporta la experiencia y otros méritos, tal como ya sucede en los sectores de Educación y Sanidad. También defiende que, en el caso del personal laboral, la valoración de méritos sea el sistema preferente.
De forma extraordinaria, el sindicato solicita que la futura ley incluya una disposición transitoria que permita regularizar el histórico incumplimiento por parte de la Administración autonómica de la Directiva Europea 1999/70, que prohíbe cubrir necesidades permanentes con contratos temporales. Actualmente, cerca de 17.000 trabajadores, lo que representa casi el 30% de la plantilla, se encuentran en esta situación.
Con esta disposición, todo el personal afectado por abuso de temporalidad podría permanecer en su puesto actual “con los mismos derechos y bajo el mismo régimen de estabilidad que rige para el personal funcionario de carrera, estatutario o laboral fijo equiparable”. En el caso de trabajadores cesados o despedidos en esta situación de abuso, la Administración deberá actuar de oficio para restituir su puesto, o uno del mismo grupo y nivel, si este estuviera ocupado, a todas las personas que hayan recurrido administrativa o judicialmente el acto. Este proceso deberá completarse en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley.
UN INCUMPLIMIENTO QUE YA ESTÁ SIENDO CASTIGADO
STEPA insiste en que compensar con la fijeza a las víctimas del abuso de temporalidad es la misma sanción que ya se aplica desde hace décadas en el sector privado, y que la Unión Europea, tanto desde la Comisión como desde el Tribunal de Justicia, ha iniciado procedimientos contra España debido a que en el sector público aún no se previene ni castiga de manera efectiva.
El pasado lunes, pocos días después de que STEPA presentara sus aportaciones al proyecto de ley, el Ejecutivo comunitario ha anunciado un recorte de 626 millones en los fondos europeos NextGen para España por no haber cumplido con la obligación de compensar de forma suficiente a los trabajadores públicos que han ido acumulando años de contratos temporales. La Comisión ha dictaminado que las indemnizaciones propuestas por el Gobierno no son suficientes ni disuasorias, como ya estableció el TJUE.
La solución propuesta evitaría nuevas sanciones, pérdida de fondos europeos e indemnizaciones judiciales. Además, STEPA señala que responde “al impulso político de diversas iniciativas parlamentarias debatidas en los últimos años en las Cortes de Aragón, como proposiciones no de ley, preguntas parlamentarias y otras intervenciones”.
UNA NUEVA ETAPA EN LA GESTIÓN DE PERSONAL
El sindicato subraya que ofrecer una solución justa a los trabajadores públicos en abuso de temporalidad es “una obligación impuesta por los valores de justicia y legalidad de la Unión Europea”, y considera que también contribuirá a resolver problemas actuales de la DGA, como la grave escasez de personal en muchos servicios. Así, la aprobación de la nueva ley permitiría iniciar una etapa en la que la función pública se ajuste a la realidad social, con una gestión adecuada del personal y una plantilla motivada y comprometida con el servicio público.
STEPA considera clave que la nueva normativa impida la continuidad del abuso de temporalidad, garantizando la convocatoria y resolución de las ofertas públicas de empleo (OPE) con suficientes plazas y en los plazos adecuados. Además, reclama que el articulado defina con claridad diversos aspectos de la estructura del empleo público, como la movilidad, la formación, entre otros.
Entre sus principales aportaciones, el sindicato solicita que los procesos de provisión y movilidad de puestos cuenten con bases normativas claras, estables en el tiempo, y que valoren adecuadamente la adecuación al puesto. También aboga por eliminar la tasa de reposición o establecer un mecanismo flexible que permita convocar todas las plazas necesarias, así como permitir la jubilación voluntaria a partir de los 60 años con 30 años de servicio reconocido. Otras propuestas incluyen: revisar la actual clasificación de especialidades y categorías, regular el teletrabajo y garantizar la igualdad de género y la conciliación laboral y familiar.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón ha anunciado que continuará trasladando sus propuestas a los grupos políticos de las Cortes de Aragón en defensa de los intereses del personal y de la ciudadanía.
