Los trabajadores públicos aragoneses en abuso de temporalidad reclaman mañana martes en Madrid una solución que garantice la continuidad de quienes siguen en esta situación y reincorporar a los miles de personas cesadas injustamente tras décadas de servicio público. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) es una de las organizaciones de toda España que han convocado este día una gran concentración ante el Congreso de los Diputados, de 11 a 15 horas, para exigir una solución a un problema que afecta a casi un millón de interinos en toda España y 17.000 en la DGA.
Los afectados son empleados de todas las Administraciones que llevan años, incluso décadas, atendiendo como temporales necesidades permanentes, algo que prohíbe la legislación europea y española y está sancionado en el sector privado con la fijeza de la víctima. Sin embargo, en el sector público, tanto gobiernos de todos los partidos como tribunales han incumplido esta obligación, que finalmente ha motivado la congelación de 620 millones de la Unión Europea y amenaza con más multas también con indemnizaciones millonarias para el personal cesado.
Con esta concentración, los colectivos de interinos reclaman la aprobación urgente de la nueva Ley de Función Pública, ahora en el Congreso, reconociendo el derecho a la fijeza del personal en abuso de temporalidad de todas las Administraciones Públicas, así como para los ya cesados que presentaron reclamación contra su despido. Algunos grupos como Junts per Catalunya ya han presentado enmiendas con estas medidas.
UNA SOLUCIÓN A COSTE CERO
La concentración se realiza además en vísperas de otro importante hito. Este mismo jueves, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE presentará su respuesta a una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo, sobre si España está obligada a convertir en fijos a estos interinos. El TJUE ya ha emitido dos sentencias en este sentido, pero el Supremo plantea si sería una medida suficiente aumentar la indemnización por despido, actualmente fijada en 20 días de salario por año.
Los convocantes de la protesta señalan que reconociendo a las víctimas del abuso como fijos a extinguirse puede resolver el problema “a coste cero”, sin desviar recursos públicos ni pagar indemnizaciones. Además, recuerdan que este personal ya superó, en su momento, un proceso selectivo, y han mostrado sobradamente su capacidad y experiencia.
La concentración en Madrid está organizada por 13 organizaciones estatales y autonómicas y cuenta con el apoyo de más de 50 sindicatos, plataformas y movimientos ciudadanos, que bajo el lema “Quienes estamos nos quedamos”, reclaman una solución definitiva ante un problema “que está llevando a la desesperación a miles de familias”.
17.000 AFECTADOS EN ARAGÓN
STEPA, tercera fuerza sindical en la Administración General de Aragón, recalca que, según los últimos datos del propio Gobierno autonómico, la tasa de temporalidad en la DGAes del 46% (27.700 de un total de 60.400). Es más del triple de la que hay en las empresas y también sensiblemente peor que en otras Administraciones Públicas, lo que destaca a la Comunidad como uno de los principales focos de este problema, por la “insumisión”del Gobierno de Jorge Azcón a la Ley estatal 20/21, con el que ya se intentó, con escaso éxito, atajar el abuso de temporalidad.
Aunque insuficiente, esta norma obligaba a identificar todas las plazas ocupadas por temporales en abuso y ofrecerlas en procesos de estabilización. Según los cálculos de STEPA, cerca de 17.000 trabajadores, casi el 30% de la plantilla, podía acogerse a esta posibilidad, pero el Gobierno de Aragón no ha realizado el mapeo de estos puestos, pese a que era un acuerdo incluido en la ley de presupuestos de 2024, ha convocado un número mínimo de plazas, sin justificar sus cifras, y ha continuado despidiendo masivamente a su personal en abuso para maquillar sus cifras de temporalidad.
De esta manera, se ha creado un doble problema: miles de despidos ilegales, que acabarán dando lugar a indemnizaciones, y un grave deterioro de los servicios públicos, que afecta tanto a los ciudadanos como a los trabajadores, con numerosas plazas sin cubrir y un importante empeoramiento de las condiciones laborales.
El sindicato ha llamado así al Gobierno de España a resolver finalmente el problema de la temporalidad en las Administraciones y garantizar que esta situación no pueda repetirse, con medidas que garanticen la convocatoria de todas las plazas fijas necesarias en plazo y permitan así respetar los derechos de las víctimas del abuso, dar entrada a nuevos funcionarios y ofrecer unos servicios públicos de calidad.
FUENTE: Nota de prensa STEPA
