Los trabajadores públicos aragoneses en abuso de temporalidad han participadoesta mañana en Madrid en la protesta nacional para reclamar el derecho a la fijeza del personal en abuso de temporalidad de todas las Administraciones Públicas, así como para los ya cesados que presentaron reclamación contra su despido.El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) es una de las organizaciones de toda España que han organizado una gran concentración ante el Congreso de los Diputados, de 11 a 15 horas, para exigir una solución a este problema, que afecta a casi un millón de interinos en toda España y a 17.000 en la DGA.
Los colectivos de interinos reclaman incluir estas medidas en la nueva Ley de Función Pública, ahora en el Congreso, y queJunts per Catalunya ya ha presentado como enmiendas. Así, se demanda dar solucióna la situación de empleados de todas las Administraciones que llevan años, incluso décadas, atendiendo necesidades permanentesbajo contratos temporales, algo que prohíbe la legislación europea y española y ya está sancionado en el sector privado con la fijeza de la víctima. Sin embargo, en el sector público, tanto gobiernos de todos los partidos como tribunales han incumplido esta obligación.
La concentración en Madrid ha sidoorganizada por 13 organizaciones estatales y autonómicas, con el apoyo de más de 50 sindicatos, plataformas y movimientos ciudadanos.

STEPA ha destacado el éxito de esta convocatoria” y el esfuerzo que han hecho hoy los cientos de personas que hanviajado a Madrid, pidiendo días de vacaciones para pedir al Ejecutivo y al Legislativo que, por fin, cumplan con Europa; y, sobre todo y más importante, cumplan con sus trabajadores, para mantener unos servicios públicos de calidad, no perder su experiencia y evitar el grave deterioro que están sufriendo en los últimos años los servicios públicos”.
“Mucha gente sigue pensando que el problema del personal es un problema muy complicado de solucionar; nada más lejos de la realidad. Simplemente hay que reconocer que los trabajadores que superan un plazo como temporales merecen o la fijeza o una indemnización por ese abuso“, ha concluido el sindicato.

UNA SOLUCIÓN A COSTE CERO
La concentración se ha realizado en vísperas de otro importante hito. Mañanajueves, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UEpresentará su respuesta a una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo, sobre si España está obligada a convertir en fijos a estos interinos. El TJUE ya ha emitido dos sentencias en este sentido, pero el Supremo plantea si sería una medida suficiente aumentar la indemnización por despido, actualmente fijada en 20 días de salario por año.
Los convocantes de la protesta señalan que reconociendo a las víctimas del abuso como fijos a extinguirse puede resolver el problema “a coste cero”, sin desviar recursos públicos ni pagar indemnizaciones ni sanciones de la Unión Europea, que ya ha congelado 620 millones en ayudas por la inacción ante este grave problema.
STEPA ha subrayado que las enmiendas legales que se plantean ya las propuso en el ámbito aragonés, reconociendo a los interinos en abuso como personal fijo a extinguir “una figura totalmente constitucional y reconocida, que por ejemplo se aplicó a los trabajadores del Instituto Aragonés del Agua”.

El sindicato ha lamentado que se les siga negando este reconocimiento “a miles de trabajadores y trabajadoras públicos en Aragón, que llevan hasta quince y veinte años de dedicación, dada la escasa oferta de plazas de estabilización que los gobiernos de Javier Lambán y Jorge Azón, derivaron de la ley 20/21.”
17.000 AFECTADOS EN ARAGÓN
STEPA, tercera fuerza sindical en la Administración General de Aragón, recalca que, según los últimos datos del propio Gobierno autonómico, la tasa de temporalidad en la DGAes del 46% (27.700 de un total de 60.400). Esmás del triplede laque hay en las empresas y también sensiblemente peor que en otras Administraciones Públicas, lo que destaca a la Comunidad como uno de los principales focos de este problema, por la“insumisión”del Gobierno de Jorge Azcón a la Ley estatal 20/21, con el que ya se intentó, con escaso éxito, atajar el abuso de temporalidad.
Aunque insuficiente, esta norma obligaba a identificar todas las plazas ocupadas por temporales en abuso y ofrecerlas en procesos de estabilización. Según los cálculos de STEPA, cerca de 17.000 trabajadores, casi el 30% de la plantilla, podía acogerse a esta posibilidad, pero el Gobierno de Aragón no ha realizado el mapeo de estos puestos, pese a que era un acuerdo incluido en la ley de presupuestos de 2024, ha convocado un número mínimo de plazas, sin justificar sus cifras, y ha continuado despidiendo masivamente a su personal en abuso para maquillar sus cifras de temporalidad.

De esta manera, se ha creado un doble problema: miles de despidos ilegales, que acabarán dando lugar a indemnizaciones, y un grave deterioro de los servicios públicos, que afecta tanto a los ciudadanos como a los trabajadores, con numerosas plazas sin cubrir y un importanteempeoramiento de las condiciones laborales.
El sindicato ha llamado así al Gobierno de España a resolver finalmente el problema de la temporalidad en las Administraciones y garantizar que esta situación no pueda repetirse, con medidas que garanticen la convocatoria de todas las plazas fijas necesarias en plazo y permitan así respetar los derechos de las víctimas del abuso, dar entrada a nuevos funcionarios y ofrecer unos servicios públicos de calidad.
FUENTE: Nota de prensa STEPA