El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) ha reclamado a las organizaciones políticas que el adelanto electoral en la comunidad sea “una oportunidad para abordar los graves problemas de la enseñanza, comenzando por una insuficiente financiación, con un déficit anual de unos 90 millones de euros”. Asimismo, reivindica suspender la anunciada concertación del bachillerato, “porque la red pública tiene capacidad para 2.500 alumnos más y sedesvía el dinero de los impuestos al beneficio de las empresas privadas”. Con estos objetivos, el sindicato ha anunciado movilizaciones después de Navidad.
STEA ha destacado como objetivo principal “que la educación aragonesa forme parte del debate de la campaña de las elecciones autonómicas del 8 de febrero, ya que la enseñanza es demasiado importante para que quede fuera de la controversia política y las diferentes formaciones han de poner sobre la mesa sus propuestas de solución a sus problemas”. También ha mostrado su apoyo a las movilizaciones en sanidad.
STEA ha recalcado que el problema principal es “la insuficiente financiación, un mal estructural que se arrastra curso tras curso y legislatura tras legislatura y que tiene como única solución aumentar la inversión en educación, al no ser un problema puntual de un curso concreto, como ocurrió durante la pandemia por COVID-19”.
CARENCIAS EN INSTALACIONES Y PERSONAL
Según el cálculo del sindicato, el presupuesto para Educación presenta un déficit anual de unos 90 millones de euros. Esta estimación incluye las insuficientes plantillas de personal docente (desdobles, programas educativos…) y no docente así como los retrasos en las sustituciones; la pérdida de poder adquisitivo en los salarios; y la falta de inversión en mantenimiento y equipamiento de los centros.
La financiación insuficiente se manifiesta ya en “falta de libramientos a los centros, retraso en el pago de algunos complementoscomo los trienios, sexenios, tutorías, jefaturas, etc.”.
Como ejemplos de esta falta de presupuesto en las instalaciones, STEA ha señalado casos en la ciudad de Zaragoza “como la ventanacaída meses atrás a la calle en el instituto Pedro de Luna, la falta de cubierta en parte de la techumbre de los talleres de FP en el instituto Miralbueno o el salón de actos inutilizado en el instituto Virgen del Pilar”. En otras localidades se dan casos como “los problemas en la caldera de calefacción del instituto Pedro Laín Entralgo de Híjar, los numerosos talleres de formación profesional con maquinaria muy desfasada o la muy generalizada presencia de goteras en centros de toda la geografía aragonesa”, denuncia STEA.
También han sido señalados por el sindicato los retrasos en gastos de funcionamiento y becas de comedor, por ejemplo en el colegio Pañart de Aínsa o en el Pedro I de Barbastro.
Igualmente ha resaltado la falta de personal de administración y servicios (limpieza, conserjes, administrativos, auxiliares de educación…) señalando que “el instituto de Cuarte ha centrado la atención estas últimas semanas; sin embargo, hay una docena de centros más en una situación similar, casi todos en los barrios del sur de Zaragoza”.
Esta misma semana se celebra una mesa de negociación de administración general para adecuar la dotación a las necesidades reales, pero los criterios adelantados por la administración para aumentar o no el personal son “demasiado ambiguos” a juicio del sindicato. STEA pone como ejemplo la falta de auxiliares de educación especial en varios centros de la comunidad, durante varias semanas como en el colegio Anejas de Teruel o en el CRA Sierra de Albarracín. Otro tanto ocurre con otros colectivos laborales como auxiliares administrativos, por ejemplo en el IES Zaurín de Ateca, donde faltan dos.
STEA ha calificado la gestión de este personal de “complicación crónica” porque al depender de Función Pública y no de la Consejería de Educación, “genera una burocracia tremenda a la hora de hacer sustituciones por enfermedad o ampliar plantillas en centros en expansión, porque la coordinación interna dentro del Gobierno brilla por su ausencia. Función Pública rara vez brinda la agilidad que necesitan Educación o Sanidad; algo a lo que deberá poner solución Azcón o quien le sustituya”.
RECORTES ENCUBIERTOS
Como otra manifestación de este problema, STEA ha subrayado los recortes encubiertos y su crecimiento durante el último año. “En relación con el primer trimestre del curso anterior, en lo que llevamos del presente, se han ralentizado las sustituciones para cubrir bajas médicas, jubilaciones, maternidades, etc.”.
El sindicato ha señalado que el primer llamamiento para realizar sustituciones en 2026 será el 8 de enero, con las clases ya empezadas “cuando otros cursos se hacía antes de Reyes, para que la incorporación se produjera el primer día con el alumnado en las aulas” y que de la misma manera “en las dos semanas anteriores a las vacaciones escolares no se han hecho llamamientos al profesorado interino, lo que conducirá a que algunos alumnos pierdan tres semanas de clase”.
Igualmente ha denunciado como otro recorte encubierto “la disminución de desdobles o la supresión de apoyos y proyectos, que suponen una merma intolerable en la calidad de la educación recibida por el alumnado aragonés”.
NO A LA EDUCACIÓN COMO NEGOCIO PRIVADO
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragóntambién ha subrayado su oposición frontal a “la novedad más sobresaliente en la educación aragonesa en el presente año, el anuncio de la concertación del bachillerato, a pesar de tener la red de centros públicos capacidad para absorber 2.500 alumnos más, así como de la educación de cero a tres años”.
“La experiencia y la comparación con otras comunidades, demuestra que asistimos a una planificación desde las instancias políticas del deterioro de lo público para justificar la colaboración público-privada, convirtiendo tanto la educación como la sanidad en negocios privados a través de los conciertos”, ha denunciado.
A juicio de STEA, la concertación, y el consiguiente traspaso de dinero público a entidades privadas, “explica la paradoja del aumento de la inversión en educación y sanidad a la vez que los ciudadanos perciben su creciente empeoramiento, ya que el dinero proveniente de los impuestos pagados por los ciudadanos se va por el desagüe del beneficio de las empresas privadas y no llega en forma de buenos servicios a la ciudadanía”.
En el caso de los conciertos educativos también asistimos a que los mismos, en un gran número de casos, “sirven para generar una clientela laboral y política con un claro sesgo ideológico” según STEA.
LOS PROBLEMAS EN LOS SERVICIOS PROVINCIALES
Como manifestación de los problemas denunciados y de la mala gestión en Consejería de Educación, STEA ha considerado un hito importante la dimisión de la directora del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza “ante la falta de apoyo de la consejera, evidenciada en no poner a su disposición el personal necesario para una gestión eficiente”.
STEA ha señalado que esta dimisión se comprende “ya que en la provincia de Zaragoza la plantilla de profesores es 4,5 veces la de Teruel y sin embargo la dirección provincialsolamente tiene el doble de trabajadores, en la práctica todavía menos ante las numerosas bajas producidas por el estrés del personal desbordado por la situación”. Sin embargo, ha destacado que la sustitución de la anterior responsable no solucionará la situación “y sin un aumento de los recursos humanos acorde a las necesidades reales del trabajo, el nuevo director provincial irremediablemente verá como su gestión no podrá sacar al Servicio Provincial del colapso en el que se encuentra.
Por otra parte, ha recordado que en el Servicio Provincial de Huesca sigue abierto el conflicto por las actuaciones del inspector jefe provincial, cuyo cese ha sido respaldado por las Cortes de Aragón. “La Junta de Personal lleva meses criticando sus actuaciones y exigiendo su inmediato cese, ante las quejas del profesorado altoaragonés por sus actuaciones. La consejera de educación, Tomasa Hernández, no puede mirar para otra parte y mantenerlo ni un día más en su puesto”, ha considerado STEA, que también exige la dimisión de la directora provincial de Huesca.
Como conclusión de todas estas demandas, el sindicato ha defendido “la condición de servicios públicos esenciales de la educación y la sanidad, que deben tener una financiación suficiente y una gestión pública para evitar su creciente deterioro”.
FUENTE: Nota de prensa de STEA
