El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) llama a todo el profesorado a sumarse a la huelga general por el derecho a la vivienda del miércoles 11 de noviembre “para formar un bloque educativo dentro de la movilización”. STEA subraya que “la lucha por la vivienda es inseparable de las condiciones de vida y de trabajo de quienes sostenemos la educación pública”. Así ha destacado los problemas específicos para encontrar casa de profesores interinos o rurales, que se suman “a las reivindicaciones históricas de las trabajadoras y trabajadores de la educación pública, como los salarios, las pensiones y unas condiciones laborales dignas”.
El sindicato reclama que la huelga general tiene que servir “para situar en el centro del debate y en la calle la lucha por el futuro de la educación”. Con el objetivo de que el conjunto del personal educativo tenga una presencia propia y visible en la movilización, STEA participa en el bloque educativo, con reivindicaciones propias, junto con los sindicatos de la educación, especialmente con SOMOS, en la Universidad de Zaragoza, y CATA en colegios e institutos.
Igualmente invita a docentes, familias y alumnado a sumarse al paro y las manifestaciones del 11 de noviembre que se celebrarán por todo Aragón. En Zaragoza partirán a las 12 horas de la Plaza de San Francisco y a las 18 horas del Paraninfo de la Universidad, en la plaza Paraíso. En Huesca saldrán a las 11 horas del parque San Martín y a las 18:30 horas de la avenida Ramón y Cajal. En Teruel, a las11:30 de la Ciudad Escolar y a las 17:30 de la plaza del Torico. En Andorra, de la plaza El Regallo, a las 12 horas. En Alcañiz, de la plaza Joaquín Costa a las 19 horas. Finalmente, en Jaca la manifestación avanzara desde la plaza Biscos a las 12 horas. En todas estas manifestaciones estará presente la afiliación del sindicato aragonés de la enseñanza.
STEA ha recordado que ya defendió la convocatoria inmediata de una huelga educativa en la Comunidad para este otoño “porque no ha habido ningún cambio en las políticas de financiación insuficiente y de privatización del Partido Popular”. Tras decidirse esta huelga general, resalta que “es más lógico sumarse a esta convocatoria, añadiendo a las reivindicaciones generales las nuestras específicas y sumando sinergias con otros sectores como sanidad, industria y servicios públicos”.
Los problemas de la vivienda y el profesorado
STEA subraya que la imposibilidad de acceder a una vivienda digna afecta de lleno a quienes trabajan en la enseñanza. El sindicato denuncia que el precio del alquiler “golpea con especial dureza al profesorado interino, que cada curso cambia de destino sin certeza de continuidad y debe buscar piso con salarios que han perdido poder adquisitivo”. Esto se suma a la precariedad laboral “y dificulta la emancipación de quienes empiezan su carrera profesional”.
La situación se agrava en el medio rural aragonés. Allí donde han desaparecido las antiguas casas de los maestros, el profesorado que llega a un pueblo se encuentra con una oferta de vivienda escasa o inexistente. Esto le obliga a recorrer cada día distancias cada vez mayores en un contexto de combustibles más caros.
Según el sindicato, el precio y la escasez de vivienda, unidos al encarecimiento del combustible, dificultan la cobertura de vacantes y sustituciones a lo largo del curso. Las consecuencias, advierte, “las pagan los centros y el alumnado de las localidades más pequeñas, que ven comprometida la estabilidad de sus plantillas”.
Vivienda, salarios y pensiones: una misma lucha
STEA recuerda que la protesta del 11 de noviembre también “es inseparable de la lucha por los salarios, las pensiones y unas condiciones laborales dignas”. Desde la organización se subraya que “la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento de los servicios básicos y el deterioro de los servicios públicos dificultan las condiciones de vida de amplios sectores de la clase trabajadora y afectan directamente a la calidad de la educación pública”.
En esa línea, STEA recuerda que el profesorado ha perdido en torno a un 20 % de poder adquisitivo desde 2012. Por ello reclama un calendario plurianual de recuperación salarial y la vinculación del sueldo al IPC, además de la reversión del recorte en las pagas extraordinarias. También exige la jubilación voluntaria a los 60 años para todo el profesorado, extendiendo los derechos de clases pasivas al personal que cotiza en el Régimen General, y una solución efectiva para el personal interino en abuso de temporalidad, con estabilización, reconocimiento de la experiencia y garantías jurídicas.
El sindicato añade a ese paquete de reivindicaciones la bajada de ratios rey de horas lectivas, el refuerzo y la consolidación de las plantillas, más recursos para la inclusión educativa y la atención a la diversidad, menos burocracia y derecho a la desconexión digital, un mínimo de seis días retribuidos de asuntos particulares, la creación de un Cuerpo Único Docente y un plan de infraestructuras para renovar y adecuar los centros públicos.
Tareas pendientes para el Gobierno central y el autonómico
STEA recuerda que “la que iba a ser, según el Gobierno estatal, la legislatura del profesorado llega a su fin con numerosas reivindicaciones sin atender”. Durante estos años, señala, el profesorado ha afrontado una carga de trabajo creciente, exceso de burocracia, plantillas insuficientes y ratios elevadas. A ello se suma el incumplimiento del objetivo de invertir al menos el 5 % del PIB en educación que fija la LOMLOE. Por todo ello, exige al Gobierno que salga de las urnas “que abra de inmediato una nueva etapa de negociación, con compromisos concretos, calendario y financiación suficiente”.
Igualmente recuerda que estas demandas se dirigen también al Gobierno de Aragón en su ámbito de competencias, continuando las movilizaciones del pasado mes de mayo “que no solo no se han solucionado, sino que se han sumado más motivos”. Así, a la exigencia de paralizar la concertación del Bachillerato se han agregado cuestiones como “el insuficiente decreto que regula las actividades extraescolares o las coacciones de la Inspección Educativa de Huesca”.
“Defender el derecho a la vivienda es también defender una educación pública de calidad y unas condiciones de vida dignas para toda la comunidad educativa”, ha concluido STEA.
