El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) y representantes de enfermeras y técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE´s) en abuso de temporalidad se han concentrado esta mañana a las puertas del Hospital Miguel Servet de Zaragoza para denunciar el millar de despidos ilegales de profesionales interinos de enfermería que se están produciendo en Aragón y las consecuencias que van a tener para los ciudadanos, al romper equipos consolidados y mover al personal a puestos donde no tienen experiencia.
Los despidos afectan a enfermeras y técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE´s) que llevan en algunos casos “más de 20 años de servicio, están en fraude de ley y tienen derecho a consolidar su plaza por concurso de méritos al cumplir con los requisitos marcados por la Ley 20/21 de estabilización del empleo público”, han indicado las representantes del sindicato.
STEPA ha explicado que los ceses actuales son el resultado de las 1.113 plazas de enfermería y 491 de TCAE´sde la convocatoria acumulada de las ofertas públicas de empleo de 2018, 2019, 2020 y 2021 que el Gobierno de Aragón convocó en un único proceso. “Además, se publicó el 21 diciembre 2021, poco antes de la entrada en vigor de la Ley 20/21 de estabilización, lo que parece que se hizo con alevosía y perjuicio para los trabajadores temporales en fraude de ley”, ha declarado el sindicato.
La resolución de las plazas de dicha convocatoria ha provocado el cese, el pasado 31 de enero, de cientos de auxiliares de enfermería temporales; ceses que continuarán a lo largo del mes de febrero ya que, a partir del próximo lunes 19, serán cesadas las enfermeras interinas. Estos despidos se suman a los 300 de la Administración General del pasado 1 de febrero y que ya denunció el sindicato con un encierro en la sede del Gobierno de Aragón.
UN COLECTIVO VULNERABLE DESPEDIDO
En cuanto a cifras, como ejemplo del alto porcentaje de ceses que se está produciendo, el sindicato ha explicado que entre el Hospital Miguel Servet y el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa se ha cesado a 436 enfermeras interinas y a 258 TCAE´s. Según STEPA, “si tenemos en cuenta todo el sistema de Salud de Aragón, estamos hablando de unos 1.000 despidos. Además, se está cesando a las más antiguas”.
Los despidos afectan además a un colectivo vulnerable ya que la mayoría son mujeres mayores de 50 años y con cargas familiares, han añadido. Según el boletín estadístico del personal del Gobierno de Aragón, de los 27.000 empleados del Salud, el 79.8% son mujeres.
Para el sindicado, “es una sangría de despidos que deja en la calle de forma ilegal a muchas enfermeras y auxiliares que han trabajado durante años, en algunos casos décadas, con total dedicación y al cuidado de nuestra salud, y ahora son despedidas sin indemnización. Es una muestra clara del desinterés del Ejecutivo PP-Vox por sus trabajadoras”.
PÉRDIDA DE CALIDAD DEL SERVICIO
Durante la concentración de hoy, el sindicato aragonés ha expuesto las consecuencias que tienen estos ceses, que no sólo afectan a la situación personal de las profesionales sino también a la calidad del servicio del Salud incrementando la precariedad. “Los despidos repercuten directamente en la atención a los pacientes puesto que los servicios sanitarios de Aragón van a sufrir ajustes mientras se cubren las plazas. El Gobierno PP-Vox, como empleador, no valora la profesionalidad y experiencia de estos trabajadores, además de generar una situación caótica por la falta de planificación”, ha añadido el sindicato.
En el caso del personal sanitario, la situación de desorganización se agrava ya que, en muchos casos, ante la falta de personal, las trabajadoras cesadas pueden ser llamadas a trabajar en servicios o especialidades para las que no tienen experiencia, rompiendo equipos consolidados desde hace años y mermando la calidad de los servicios públicos.
UNA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO INSUFICIENTE
STEPA también ha recordado que ya denunció la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2022, aprobada por el Gobierno de Lambán con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, por considerarla totalmente insuficiente ya que se ofertaban por concurso de méritos 705 plazas para estabilización de plazas temporales. “Si tenemos en cuenta que en el Salud hay 14.000 puestos ocupados por temporales, esta oferta supone tan sólo el 5%, una cifra ridícula que pone en evidencia el escaso interés por dar una solución ajustada a la Ley al problema de los interinos”. El sindicato ha recordado que el servicio de Salud es el que acumula una mayor temporalidad entre el personal de la Administración pública aragonesa, con un 45,6% a fecha 30 de junio de 2023, según datos oficiales del Boletín estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma.
El problema, insiste el sindicato, es “la falta de transparencia en la identificación de plazas por parte del Salud, incluso en el Decreto 77/2022 de estabilización del personal del Servicio Aragonés de Salud no hay información clara sobre las plazas. Una situación idéntica a la que está ocurriendo con los interinos de la Administración General, consecuencia de la falta de organización y planificación y el incumplimiento del Ejecutivo de Jorge Azcón de las leyes contra el abuso de temporalidad”.
CAMPAÑA DE DENUNCIA
La concentración de esta mañana forma parte de la campaña de actos de protestas que el sindicato está llevando a cabo para denunciar el incumplimiento del Gobierno de Jorge Azcón de leyes de obligado cumplimiento, que buscan la estabilización del personal temporal en el sector público. “El Gobierno de Azcón ignora el mandato europeo de reducir la temporalidad al 8% antes de que finalice 2024, lo que puede tener consecuencias nefastas para la llegada de los fondos europeos NextGeneration”, han añadido.
La semana pasada, STEPA y la Coordinadora Estatal del Personal Público Temporal (CEPPT) se reunieron en Madrid con representantes del PSOE y SUMAR para denunciar la “rebeldía” del Gobierno de Jorge Azcón ante su negativa a aplicar la Ley 20/21 y dar la oportunidad a los interinos de estabilizar su puesto de trabajo. Los representantes sindicales recordaron también que el Gobierno de España “ya ha declarado que no va a ofrecer ninguna otra prórroga para alcanzar el 8% de temporalidad establecido por Europa y que serán las administraciones incumplidoras las que paguen las sanciones”.
La campaña culminará el día 22, cuando se conocerá una nueva resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el derecho a la fijeza del personal temporal en abuso en la que se espera una mayor contundencia en la determinación de las sanciones a las administraciones que abusan de estos empleados.
FUENTE: Nota de prensa STEPA
