El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) denuncia que los datos oficiales del Gobierno de Aragón siguen mostrando la “desastrosa política de gestión de la temporalidad” del Gobierno de Jorge Azcón (PP): uno de cada dos empleados es interino. Según el último “Boletín estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma” el número de empleados temporales se sitúa en el 50,3% de la plantilla; muy lejos del 8% al que obliga la Ley y la Unión Europa.
El Boletín plasma la realidad de la administración autonómica a 31 de diciembre de 2023. Incluye por lo tanto los primeros meses de gestión del Gobierno PP-Vox, aunque “ha retrasado por primera vez su publicación hasta el verano cuando lo normal es que se hiciera público en febrero o marzo”, advierte el sindicato.
El documento señala que en todas las estructuras del Gobierno de Aragón (Administración General, Sanidad, Educación, Justicia, etc.) trabajan 60.399 personas, de las que son fijas 29.993 (49,7%) y temporales 30.406 (50,3%). Datos muy similares a los últimos del Gobierno cuatripartito de Javier Lambán (PSOE), que se despidió con un récord del 51,1%, en junio de 2023. El primer dato del Gobierno de Azcón supera incluso al de hace un año (diciembre de 2022), cuando la temporalidad alcanzó el 49,5%.
“El PP improvisa medidas contrarias a la ley”
“Pero lo peor es que el Gobierno de Azcón carece de un plan para atajar este grave problema y el que ha improvisado es contrario a la Ley: en lugar de estabilizar a los más de 17.000 interinos de larga duración en abuso de temporalidad, como marcan las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y permite la propia Ley estatal 20/21, ha optado por intentar despedirles masivamente y evitar al máximo las contrataciones temporales en 2024″, denuncia STEPA. “Algo en la práctica inútil porque, a pesar de ello, la DGA acabará 2024, en el mejor de los casos, triplicando o cuadruplicando el límite legal del 8%”. El resultado se verá en los dos próximos boletines, con los datos a 30 de junio y 31 de diciembre de 2024, en los que se reflejarán estos ceses.
STEPA recuerda que el PP se comprometió por escrito en la campaña electoral de mayo de 2023 a hacer todo lo contrario: identificar lo primero las plazas de interinos en fraude, convocar concursos de estabilización para todos ellos y no permitir entretanto su cese.
“La política del Gobierno de Aragón contrasta con la de otras comunidades como Andalucía o Cataluña, donde se ha estabilizado al 90% del personal interino en fraude de ley, mientras en Aragón no se ha llegado ni al 15%. Al PP se le llena la boca defendiendo la igualdad de todos los españoles pero demuestra lo contrario con los empleados públicos de Aragón”.
Según el último Boletín, por áreas el récord de temporalidad lo sigue marcando la Administración General (56,2%), la misma que en junio de 2023. Le sigue Sanidad (51%) y Educación (46,5%).
Por otra parte, han aumentado en más de 400 los trabajadores con destino provisional o de sustitución, que ya ascienden a 35.729. Este incremento de quienes atienden puestos que no son su plaza definitiva afecta sobre todo a la Administración General.
STEPA ha resaltado que con esta temporalidad desbordada, el Boletín vuelve a mostrar una vez más como el Gobierno de Aragón utiliza de forma masiva y sistemática a empleados temporales para atender las necesidades permanentes de su servicio, una práctica que se castiga en la empresa privada.
Igualmente, ha destacado que los datos “vuelven a probar la nefasta política en gestión de personal y el deterioro de los servicios públicos” y ha incidido en que es necesario “un cambio de rumbo con medidas urgentes y de calado para garantizar la calidad del empleo y de la atención a los ciudadanos“, así como para evitar sanciones por el incumplimiento de la Directiva 1990/70/CE, que obliga a que las plazas para atender necesidades permanentes deben ser cubiertas con contratos fijos. También el TJUE hasentenciado que los funcionarios interinos con más de tres años en sus puestos adquieran la fijeza como medida para sancionar a las Administraciones Públicas por incumplirla.
El Gobierno central impulsó la Ley 20/21, que, aunque con bastantes lagunas, insta a estabilizar las plazas de interinos en abuso para poder cumplir así la obligación legal y de la UE. Sin embargo, el Ejecutivo aragonés la incumplió “flagrantemente” al sacar a concurso (sin oposición) poco más de la décima parte de las plazas que estaban afectadas y continúa impulsando ceses masivos de cientos de trabajadores interinos. “Aragón es el gran insumiso ante la Ley al negarse a estabilizar a las víctimas del abuso de temporalidad, dos años ya después de su aprobación“, ha denunciado el sindicato.
