El Gobierno de Aragón, que preside Jorge Azcón (PP), incumple con la obligación legal, impuesta por la Unión Europea, de poner a disposición de su personal, y de la ciudadanía en general, un canal de denuncias que permita avisar de los casos de corrupción de la Administración que puedan conocer debido a su relación laboral o profesional. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) denuncia que la transposición a la legislación aragonesa de la Directiva europea de informantes sigue sin ponerse en marcha de forma efectiva casi medio año después de aprobarse, “comenzando por un punto tan básico como habilitar y publicitar un sistema para recibir las informaciones”.
El pasado 18 de agosto, el Boletín Oficial de Aragón publicó un acuerdo del Consejo de Gobierno, Orden HAP/1072/2023, por el que se aprobó un sistema interno de información “para la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción” y que debería de servir para recoger las denuncias de trabajadores públicos y contratistas sobre ilegalidades. Este canal es una obligación derivada de la transposición a la legislación española de la Directiva Europea de whistleblowers, o de protección de los informantes. Sin embargo, STEPA denuncia que el texto del BOA “es puro papel mojado” ya que se trata de una norma que “de entrada se aprobó fuera de plazo y con importantes carencias, y que después el actual Gobierno se ha despreocupado totalmente de desarrollar y poner en marcha”.
El sindicato, tercera fuerza en la Administración General aragonesa junto con CATA, considera que “tanto el anterior Ejecutivo de Javier Lambán como el actual de Jorge Azcón, son igualmente culpables de dejar desamparados y sin protección adecuada a los funcionarios y ciudadanos que quieran revelar casos de corrupción o infracciones en materias tan importantes como despilfarro de fondos públicos, competencia, impuestos o respeto de los derechos laborales”.
“UNA NORMA QUE NACIÓ COJA Y NO HA AVANZADO”
STEPA incide en que el acuerdo se publicó en el momento final de la anterior legislatura con Lambán al frente del Gobierno de Aragón, dos meses después del plazo máximo fijado en la ley nacional del que deriva, “lo que ya es muestra del escaso interés” y que, sobre todo, “es una norma que nació coja y en la que no se ha querido avanzar”.
Así, el artículo 10 señala que para garantizar la protección de las personas que revelen infracciones ante posibles represalias, se firmará un convenio con la Autoridad Independiente de Protección del Informante. La orden se publicó en el BOA sin haber firmado este convenio, fundamental para no desalentar a las fuentes, y todavía sigue sin existir
De la misma manera, no se ha dado ni un paso para poner en marcha el canal de denuncias. El artículo 7 señala que en la página de inicio de la web del Gobierno de Aragón debe verse un enlace “fácilmente identificable” a una página que informe sobre la presentación y el procedimiento de gestión. Este apartado sigue faltando, “al contrario que en otras autonomías e instituciones como la Casa del Rey”. Y siguen igualmente en punto muerto los artículos sobre desarrollar un sistema que garantice la confidencialidad, así como la posibilidad de presentar denuncias anónimas.
STEPA ya advirtió en la Mesa Sectorial de finales de junio que publicar en el BOA esta orden sin presentar un plan de implementación dejaba en palabras huecas el fin de la Directiva; una responsabilidad que también corresponde al Gobierno del Partido Popular, ya que el texto señala claramente que se faculta “a la persona titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública para que se adopten las medidas necesarias para su correcto desarrollo y ejecución”.
“UN NUEVO INCUMPLIMIENTO LEGAL”
El sindicato ha resaltado también que esta Directiva data de 2019, solo se ha aprobado formalmente después de que Bruselas abriera un expediente sancionador y el Gobierno de Aragón ha optado por hacer caso omiso en la práctica, “unas circunstancias que recuerdan en mucho a lo que está sucediendo con las víctimas del abuso de temporalidad en la DGA”.
STEPA ha lamentado que “tanto con el PSOE como con el PP, se mantienen las mismas políticas de ceses ilegales y de caos en la Administración que también ha denunciado el último informe del Tribunal de Cuentas” y ha señalado que la orden sobre protección de los informadores “es un nuevo incumplimiento legal, que muestra la misma falta de transparencia y dejadez por proteger el interés público y los derechos de los trabajadores”.
“A Jorge Azcón y su gobierno se les llena la boca denunciando desigualdades y arbitrariedades, pero en la práctica no muestran ningún respeto por la ley y los acuerdos; solo hay que recordar que se comprometió por escrito durante la campaña electoral a estabilizar todas las plazas de trabajadores en abuso y a no echar a la calle a ningún trabajador en fraude de ley” ha concluido el sindicato.
FUENTE: Nota de prensa STEPA
