El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) han llevado al Congreso de los Diputados la exigencia de una ley que repare el abuso del personal temporal de las Administraciones públicas españolas. Las dos organizaciones han destacado que se trata de “un problema nacional, pero con especial incidencia en Aragón, ya que el Gobierno autonómico es uno de los principales incumplidores”. Según los cálculos de los sindicatos, “ya que la DGA se niega a especificar cuántos de sus temporales llevan más de tres años trabajando para ella y por tanto están en fraude”, esta ley obligará a compensar a unos 20.000 empleados, un tercio de la plantilla actual.
STEPA y STEA son dos de los 57 sindicatos y plataformas de todo el Estado que han registrado esta mañana en el Congreso de los Diputados un documento común de “Líneas Rojas”, fijando las exigencias mínimas para una ley que garantice el cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y evite así que este mismo 29 de junio la Unión Europea inicie un procedimiento de infracción contra España.
Este día finaliza el plazo dado por la Comisión Europea para acreditar que se cuenta con normas legales que garanticen una reparación efectiva y suficiente a las víctimas de abuso de temporalidad y sanciones reales para las administraciones que infrinjan la obligación de cubrir sus necesidades permanentes con contratos fijos. Las organizaciones convocantes han señalado que esta es “la última oportunidad de evitar sanciones millonarias y compensaciones judiciales inasumibles, pero también de solucionar una injusticia histórica y revertir el deterioro de los servicios públicos” y han explicado sus reclamaciones a representantes del bloque de gobierno, hablando con diputados de PSOE, SUMAR, Compromís, ERC y Podemos.
“MAL EN TODAS LAS AUTONOMÍAS, PEOR EN ARAGÓN”
Los sindicatos aragoneses han subrayado que la mayoría de comunidades autónomas mantienen de forma generalizada tasas de temporalidad excesivas, en muchos casos superiores al 30%, “pero si el dato nacional es malo, es mucho peor en Aragón, por la nefasta política laboral de los últimos gobiernos; tanto en la actual etapa, con Jorge Azcón y el PP, como en la anterior, con Javier Lambán y el PSOE”.
Los últimos datos oficiales del “Boletín estadístico del personal al servicio de la comunidad autónoma de Aragón” son a fecha de 30 de junio de 2025, ya que el Ejecutivo de Jorge Azcón “incumple incluso la obligación legal de publicar semestralmente los datos de personal”. A una semana de la fecha para un nuevo boletín, sigue pendiente el de diciembre del pasado año.
Según este informe, la plantilla de la Administración autonómica estaba compuesta por 62.097 trabajadores, 29.617 temporales (47,7%) y 32.480 fijos (52,3%), cuando no deberían sobrepasar legalmente el 8%, desde enero de 2025. La temporalidad es igualmente alta en los tres grandes colectivos de la DGA. Es del 48,6% en Administración General (5.663 empleados de 11.639); del 48,2% en Educación (9.502 de 19.710); y del 47,8% en Sanidad (13.613 de 28.471).
UNA LEY DE REPARACIÓN Y PARA EVITAR NUEVOS CASOS
STEA y STEPA estiman que del total de temporales en la DGA unos 20.000 llevan más de tres años en sus puestos y por tanto están en fraude de ley y les afectarán las medidas que se han reclamado al Congreso, ya que el Gobierno de Aragón no especifica este dato de la antigüedad en el puesto, “en una muestra de oscurantismo, ya que fue un compromiso recogido en la última Ley de Presupuestos, en 2023”.
Sobre todos estos trabajadores y trabajadoras, tanto los que siguen en su puesto como los que han sido despedidos y lo han denunciado ante los Tribunales, inciden las exigencias que se han llevado al Congreso de los Diputados, y que se concretan en la aprobación de una “ley de punto final que transponga de forma íntegra las normas y sentencias europeas y que concrete medidas de reparación y para evitar que se repitan los abusos”.
Para garantizar la efectividad de esta ley, las reclamaciones incluyen que el resarcimiento llegue a todas las personas trabajadoras del sector público, crear un organismo independiente para “determinar la existencia de abuso y garantizar que los responsables sean efectivamente sancionados”, paralizar entre tanto los ceses y despidos del personal temporal y que el Gobierno “negocie directamente con las organizaciones que representan al personal temporal en abuso”.
Los sindicatos han resaltado que esta norma “nos beneficia a todos, porque supone mantener en los servicios públicos, a los trabajadores on más experiencia, que llevan años, e incluso décadas de servicio, dedicados a atender a los ciudadanos”.
