STEA (Sindicato de los Trabajadores/as de la Enseñanza de Aragón) ha denunciado las condiciones de trabajo en los tribunales docentes de las próximas oposiciones de Educación Primaria, que comienzan este sábado, 20 de junio. Casi 7.400 aspirantes se han presentado buscando una de las 305 plazas convocadas en 8 especialidades y los maestros y maestras que los evaluarán tendrán, un año más, que realizar sus funciones sin condiciones dignas. Así, perciben como retribución la mitad que en el resto de tribunales de la DGA, con jornadas que vulneran la legislación laboral y sin garantizar siquiera la prevención de riesgos laborales, al realizarse en muchas ocasiones el trabajo en salas por encima de los 27 grados que es el límite que marca el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril.
El sindicato ha destacado en especial el “injustificable agravio comparativo” que supone que la indemnización para quienes están obligados a formar parte de un tribunal es inferior a los 40 euros brutos diarios, mientras que en el resto de oposiciones autonómicas de Aragón, perciben 80 euros por esta labor. “El Gobierno de Aragón abona solamente el mínimo establecido por el Ministerio de Educación, pero rechaza nivelar esta cantidad con una retribución autonómica para evitar discriminaciones injustificables”, señala STEA. Los miembros de los tribunales para oposiciones de enfermería, veterinarios o letrados de la DGA cobran más del doble que en magisterio.
Esta indemnización es todavía más exigua, dado que las jornadas de trabajo son de 12 horas, de ocho de la mañana a ocho de la tarde, superando así ampliamente tanto la jornada semanal establecida para los trabajadores públicos de Aragón, 37,5 horas semanales, como la jornada máxima regular que establece el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, nueve horas diarias. STEA reclama que este exceso se reconozca como horas extraordinarias, compensadas como tales al 150% de la hora ordinaria.
Los miembros de los tribunales aún tienen además que adelantar de su bolsillo gastos como los desplazamientos a la sede del tribunal o comidas, una media de unos 600 euros. Y como colofón “cobran tarde además de poco”, ya que todas estas retribuciones pueden tardar un año en recibirse. Con ello, además se ven obligados a realizar una declaración complementaria de la renta, al corresponder a un ejercicio fiscal anterior, “lo que supone una sobrecarga de trabajo diferida”.
FACTORES DE RIESGO
Todas estas cuestiones se suman a las condiciones en las que tienen que trabajar los examinadores, con problemas que, en muchos casos, también sufren los aspirantes, relacionadas con la organización de los exámenes y repetidamente denunciadas por STEA. Un claro ejemplo son las temperaturas de hasta 37 ºC que sufrieron tribunales y opositores el pasado año y que finalmente provocaron una resolución de la Inspección de Trabajo obligando al Gobierno de Aragón a garantizar condiciones laborales seguras.
Este año se logró un compromiso de usar aularios de la Universidad climatizados, pero no alcanza a todos los tribunales. También sigue pendiente acabar con los alojamientos sin un mínimo de calidad o la falta de tiempo de preparación y de instrucciones claras para la corrección.
Todas estas condiciones afectan de forma muy directa al derecho al descanso y a la conciliación de la vida familiar de los miembros de los tribunales. Además, el Departamento de Educación ha rechazado alegaciones de personas convocadas para formar parte, por motivos como cuidado de menores o mayores.
En conclusión, el estrés, la sobrecarga de trabajo y las condiciones en las que se desarrollan las oposiciones suponen factores de riesgo que no están debidamente contemplados para prevenirlos y reducirlos.
MALAS CONDICIONES TAMBIÉN PARA LOS OPOSITORES
Por su parte, los aspirantes sufren también distintos problemas. A un sistema creado el siglo pasado, con temarios obsoletos y que no contemplan la realidad actual y la tensión natural que supone un sistema competitivo, se suman las condiciones en que se realizan las oposiciones.
Con temperaturas máximas previstas para este sábado en Zaragoza de 39 grados, de 37 en Huesca y de 35 en Teruel, el aislamiento y climatización de los lugares de realización de los exámenes juega un papel importante. De las ocho especialidades a oposición tendrán espacios climatizados tres: educación infantil, educación física y educación primaria parcialmente (en nueve de sus 14 tribunales). “El margen de mejora sigue siendo mucho, si los temarios y el tipo de oposición dependen del Ministerio de Educación, la organización de las pruebas es responsabilidad de las comunidades” denuncia STEA.
En este sentido, el sindicato reclama la descentralización de los tribunales, con sedes en las tres capitales de provincia. Así se hace en otras comunidades, caso de Andalucía. Con el número de tribunales convocados (13 en Pedagogía Terapéutica, 28 en Educación Infantil…) podría haber tribunales de todas las especialidades en las tres capitales aragonesas, salvo en la especialidad de Francés, con dos tribunales, “y evitar así desplazamientos y gastos innecesarios a buena parte de los aspirantes y los examinadores”.
STEA señala que se trata “solo de una cuestión de voluntad política y organizativa. Bastaría con que las personas aspirantes señalaran una capital de provincia preferente para realizar la prueba para distribuir los tribunales y evitar desplazamientos innecesarios, riesgos y gastos”.
Otra reivindicación de STEA es sacar las oposiciones del periodo veraniego, existiendo también antecedentes en otras comunidades, como Cataluña, donde se hacen en el segundo trimestre del año. Así se evita el periodo de más calor del año y el cansancio de final de curso. “Las administraciones autonómicas se suelen resistir para no contratar profesorado interino que sustituya al funcionariado de carrera que integra los tribunales, pero buscar unas oposiciones de bajo coste está en contradicción con poner en valor la educación ante la sociedad”, señala el sindicato.
STEA ha subrayado que todas estas cuestiones muestran que el actual sistema de acceso está “obsoleto y agotado”, y que precisa de reformas de calado para “mejorar los procesos de selección, atendiendo tanto al profesorado evaluador como a los candidatos”.
